L a angustiosa deriva que han tomado los acontecimientos en torno al 'Alakrana' ha amplificado la mirada acusadora contra el Gobierno por haber detenido a dos de los piratas que asaltaron el atunero bermeano. Es obvio a estas alturas que, cuando menos, los arrestos no han contribuido al desenlace rápido y pacífico del secuestro. Lo es también que los militares de la fragata 'Canarias' tenían otra alternativa ante sí, que era mirar hacia otro lado cuando ambos secuestradores se dirigían en un bote a tierra y haberlos dejado libres; incluso podría haber sido, irónica y aparentemente, más beneficioso para los intereses en juego que hubiera sido un buque de otro país de la UE el responsable de detener a los secuestradores. Porque a efectos de reprimir el delito, y sin olvidar que la piratería se enmarca en las actuaciones perseguibles por la Justicia universal, que Abdu Willy y su compinche fueran apresados por la fragata española significa lo mismo que si lo hubieran sido en territorio nacional.
Para algunos juristas, es este hecho el que convirtió en ineludible la entrega de ambos a los tribunales de nuestro país, por más que se traten de esbozar difusas sospechas sobre las ganas de protagonismo del juez Garzón al haberle tocado -también- este caso en sus compases iniciales. Aun así, cabía la opción de renunciar a la propia jurisdicción y sopesar el traslado de los detenidos a Kenia, en virtud del acuerdo suscrito en abril entre el país africano y la UE ante la imposibilidad de que los piratas puedan ser incriminados con garantías en su lugar de origen, Somalia; y no sólo porque cualquier parecido con un Estado al uso sea allí una quimera, sino porque el castigo que se impone por piratería -la pena de muerte- es inasumible para la democrática y garantista Europa.
Sin embargo, nadie -ni la Fiscalía; ni el magistrado Pedraz, titular de la causa; ni el juez de menores que tuvo que intervenir cuando no terminaba de despejarse la edad de Abdu Willy; ni la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- llegó a cuestionar en estas semanas la jurisdicción de los tribunales españoles para enjuiciar este secuestro. De hecho, el fiscal pidió prisión para los piratas tras constatar que el asalto al 'Alakrana' se produjo -como así fue- lejos de la zona de seguridad delimitada por la 'operación Atalanta' de la UE, lo que habilitaría la intervención de la Audiencia Nacional, avalada además por la presencia de ciudadanos nacionales a bordo del atunero.
Hace apenas medio año, el Ministerio Público mantuvo un criterio mudable ante las detenciones de piratas practicadas por el buque 'Marqués de la Ensenada', para disgusto del juez Fernando Andreu cuando se vio obligado a entregar a los sospechosos a las autoridades keniatas. La paradoja de todo lo que viene ocurriendo en la dimensión judicial del secuestro del 'Alakrana' es que el cumplimiento de la legalidad ha terminado por identificarse como una especie de condena para la suerte de los rehenes.
De ahí que lo que se está solicitando -que se evite el hasta ahora seguro enjuiciamiento de los piratas en España- forzaría hasta el límite las costuras de esa misma legalidad; o, cuando menos, de la respuesta del Estado de Derecho frente a la piratería contra la que tantos recursos y desvelos se están desplegando. Porque cualquier hipotética y compleja salida -la declinatoria tardía de jurisdicción, una fantasmagórica extradición, una eventual negativa de la Fiscalía a mantener sus acusaciones contra los dos detenidos- subrayaría una contradicción irremediable: la que supone querer devolver la ley al Índico mientras se tratan de eludir sus consecuencias cuando los ataques corsarios devienen en situaciones tan dramáticas como las del 'Alakrana'.
