El proyecto de ley general audiovisual remitido el pasado 16 de octubre por el Gobierno al Congreso de los Diputados perjudica al ciudadano, a las empresas y a la economía. No cumple con el espíritu de la directiva europea en materia de publicidad ni ha tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado en este sentido. Así de tajantes se muestran hasta quince organizaciones de anunciantes, usuarios, sector de la perfumería o de la juguetería, en un manifiesto que entregarán a los grupos políticos en la tramitación parlamentaria de la discutida norma, con el fin de llegar a un consenso. Y es que, según apuntan, con el nuevo texto en la mano se podrían emitir hasta 29 minutos de distintas formas de comunicación comercial a la hora, cuando la norma de Bruselas impone 12 como máximo.
«Queremos que se aplique el sentido común porque los anuncios perderán efectividad con la ambigüedad de la ley, el espectador se agota, y, como consecuencia, las cadenas tendrán que afrontar un descenso de audiencia», manifestó Carmen Nova, en representación de la Asociación de Agencias de medios.
La actual normativa en vigor, que adapta a la legislación española la directiva europea conocida como 'Televisión sin fronteras', permite un máximo de 12 minutos de publicidad a la hora, más cinco minutos por otras formas de publicidad como son, fundamentalmente, las autopromociones (publicidad de los programas de la cadena). Con el proyecto de ley general de la comunicación audiovisual que ha sido remitido al Parlamento se mantienen estos 12 minutos para anuncios convencionales, a los que se unen un máximo de otros 12 para 'telepromoción' (publicidad dentro de los programas, en su mayoría a cargo de los presentadores de los mismos) y otros 5 de autopromoción. En total, casi media hora de ocupación publicitaria por cada hora. Y quedan aspectos publicitarios sin regular como el patrocinio o el 'emplazamiento de producto' (distintos artículos con marca que aparecen dentro de programas y, sobre todo, de series de ficción).
«Lo que el texto permitirá es que en una hora de emisión la mitad se dedique a publicidad», insiste Novoa, que cree que a partir de enero, cuando TVE deje de emitir anuncios, se producirá un aumento en los precios de la publicidad.
Unas quince organizaciones relacionadas con la publicidad, además de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), firman este manifiesto en contra del proyecto de ley, que suscriben, entre otros, la Asociación de Agencias de Medios (AM), Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP). Asociación Española de Anunciantes (AEA) o Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP), además de asociaciones internacionales del sector y de gremios específicos como los fabricantes de juguetes o los de perfumería, cosmética y afines.
Espectadores hastiados
Según expresan, la futura ley agravaría aún más los datos que ya arrojan estudios como el del Instituto de Investigación GFK a nivel europeo y el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Según GFK, empresa multinacional de análisis, el 92% de los españoles considera que hay demasiada publicidad en televisión, siendo la cifra más alta a escala europea, datos que reafirma el CAC.
La saturación publicidad, incide esta plataforma, impide el disfrute de cualquier programa y, en algunos casos, «llega a extremos en los que para ver los últimos minutos de una película o serie, el ciudadano tiene que soportar bloques de veinte minutos de publicidad, situación que tiene como consecuencia el rechazo al anunciante que financia dicho medio».
Por su parte, las televisiones comerciales, agrupadas en UTECA, repondieron ayer al manifiesto. Indican que la futura ley «no contempla nada distinto a lo que permite la directiva europea» y que lo que aún le falta a ese proyecto para que España tenga un sector audiovisual similar al de los demás países de la UE es que las televisiones públicas autonómicas o municipales no emitan publicidad y sean independientes del gobierno de turno.
«GFK considera que en las cadenas públicas hay demasiada publicidad, otra cosa son los intereses de los que firman el manifiesto, ya que algunos desean seguir gozando de ventajas de mercado inigualables en Europa, y otros justificar de esa manera sus subvenciones públicas», indica UTECA.
