Los secuestradores del 'Alakrana' han conseguido el objetivo que perseguían al elevar el tono de su amenaza: redoblar la presión sobre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que ceda a sus exigencias. Fuerzas de todo el arco parlamentario urgieron a mover ficha al Ejecutivo, cuya gestión de la crisis fue duramente criticada por el PNV y, en especial, por el PP. El Gobierno rechazó las acusaciones de inoperancia, mientras que desde el PSOE se exigió a los populares que no instrumentalicen la angustia de las familias.
La europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao pidió a Zapatero, tras entrevistarse con allegados de tripulantes y con armadores del pesquero, que traslade a éstos una información «directa, transparente y de primera mano», algo que hasta ahora no ha hecho, censuró. Bilbao tachó además de «nefasta» la gestión gubernamental tanto del secuestro como de la seguridad de la flota en la zona, un calificativo compartido por su correligionario Josu Erkoreka en su 'blog' personal en Internet.
El portavoz jeltzale en el Congreso apuntó que «si las cosas se hubiesen hecho bien desde el principio, podríamos habernos ahorrado esta penosa situación»; y advirtió que, si la amenaza de los secuestradores es «real», él no alberga ninguna duda sobre lo que hay que hacer: «Prefiero salvar la vida de cualquiera de los tripulantes secuestrados, que mantener en prisión a los dos piratas somalíes».
«Desbordados»
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al Gobierno de Zapatero de carecer de «estrategia» y «desatender» a las familias. A su juicio, los socialistas se han visto «totalmente desbordados» y han tomado decisiones sin valorar «los pros y los contras». La responsable popular exigió al Ejecutivo que «ponga la vida de los españoles por encima de su imagen» y anunció que pedirá la comparecencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para que rinda cuentas en el Congreso como coordinadora del equipo de crisis. El PP dará la batalla también en el Senado, al que llevará una iniciativa para exigir la presencia de las Fuerzas Armadas en los barcos, adelantó el senador Ovidio Sánchez.
Muy distinto fue el tono del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, pese a pensar como sus compañeros que «es muy discutible cómo está gestionando esta cuestión» el equipo de Zapatero. El presidente gallego garantizó al Gobierno su «apoyo» hasta que los marineros queden libres, porque «está mucho más en juego que cualquier refriega política».
También el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares llamó a «cerrar filas» y evitar «confrontaciones retóricas» sobre la gestión del secuestro. «Todo el mundo debería tomarse una tila», ironizó horas después de que, desde Ezker Batua, Mikel Arana criticara la «inacción, ineficacia e inoperancia» del Ejecutivo. El coordinador general de de esta formación en Euskadi exigió a la Administración central que adopte medidas «de inmediato» para evitar que la situación «vaya a peor». Por su parte, la responsable de comunicación de EA, Ikerne Badiola, acusó al Gabinete del PSOE de «poner en riesgo la integridad de los marineros y entorpecer su liberación».
El Gobierno defendió por boca de Fernández de la Vega que desde el principio ha hecho «todos los esfuerzos» para resolver la crisis «lo más pronto posible» y rechazó la acusación de tener abandonadas a las familias, al asegurar que «estamos con ellas, las apoyamos y comprendemos su situación». A este respecto, el portavoz socialista de Defensa en el Congreso, Jesús Cuadrado, instó al PP a que «recupere la sensatez» y deje de utilizar la «angustia» de los allegados de los arrantzales. También José Antonio Alonso, portavoz en la Cámara Baja, emplazó al primer partido de la oposición a «arrimar el hombro».
