«La reforma de la tributación de las Sicav no sirve para nada», aseguró ayer el viceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco, Fernando de La Hucha, en un acto sobre fiscalidad organizado por la UGT de Euskadi dentro del proceso de formación de sus dirigentes. Incluso fue más lejos y no dudó en descalificar esta iniciativa, aunque forma parte de un acuerdo alcanzado en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria por el propio Ejecutivo y las diputaciones: «La decisión que se ha adoptado es inútil, demagógica y populista», sentenció.
De la Hucha criticó en presencia del diputado de Hacienda de Álava, el peneuvista José Luis Cimiano -también participante en el encuentro-, que se haya tratado de vender la idea de que el aumento de la tributación de las Sicav desde el 1% al 28% vaya a suponer, en realidad, un aumento de la recaudación o un incremento de la presión fiscal sobre las grandes fortunas. «No tendrá efectos destacables sobre la recaudación porque no va a quedar ni una en el País Vasco. Se irán todas, las llevarán fuera y sus propietarios no pagarán más impuestos. Punto».
Acuerdo político
Todo indica que el Ejecutivo vasco ha decidido ir en este tema a remolque de lo que le ha pedido el PNV, para conceder una cobertura a la Diputación de Guipúzcoa. El Ejecutivo que preside Markel Olano ha justificado precisamente la eliminación del Impuesto de Patrimonio -que ya había sido eliminado en Vizcaya y en Álava con anterioridad- a cambio de incrementar la presión fiscal sobre las sociedades que utilizan los adinerados para gestionar sus inversiones. Los medios consultados aseguran que esta estrategia fue asumida en un pacto alcanzado entre el PNV y Hamaikabat -la escisión de EA que gobierna con los jeltzales en Guipúzcoa- y posteriormente respaldada también por la dirección del Partido Socialista de Euskadi. «El Gobierno -aclararon ayer fuentes del Departamento de Economía y Hacienda- lo asumió porque era algo que respaldaban las tres diputaciones, aunque, efectivamente, se considere una medida que no va a tener efecto fiscal alguno».
De la Hucha abordó también algunos aspectos de la reforma impositiva pactada por las haciendas forales y que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Aseguró que «aunque algunos han dicho que es una irresponsabilidad eliminar la deducción de los 400 euros, no lo es. Poner esta deducción -propiciada por Zapatero en campaña electoral y seguida a regañadientes en Euskadi- es lo que realmente fue una irresponsabilidad». También aclaró que el compromiso adquirido por los ejecutivos de los tres territorios es eliminarla de forma total -de momento se mantendrá a quienes tengan una base imponible inferior a 15.000 euros y con carácter parcial a quienes están entre esta cantidad y los 20.000 euros-, para 2012.
El viceconsejero recordó que, según estimaciones «no oficiales», las rentas no declaradas cada año en el País Vasco se sitúan en torno a los 6.000 millones. Admitió que todas las haciendas -no sólo las forales, sino también la del Estado- tienen una escasa dotación de medios humanos en la inspección fiscal, pero llamó la atención de los sindicalistas sobre el hecho de que «la cadena de fraude empieza por todos nosotros». «Sí, sí -les dijo en un tono que parecía recriminatorio- la cadena empieza cuando viene el fontanero a casa y empieza el asunto de la factura con IVA o sin IVA...».
Por su parte, el secretario general de la UGT de Euskadi, Dámaso Casado, se mostró partidario de aumentar la progresividad de los impuestos «para que pague más quien más gana», al tiempo que aseguró que en el decálogo fiscal que ha entregado su organización a la Administración, tanto central como vasca, se aboga por reforzar la imposición directa frente a los impuestos que gravan el consumo.
m.alvarez@diario-elcorreo.com
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