«Vizcaya necesita 40.000 pisos más»

Con los niveles de construcción bajo mínimos y muchas promotoras con el agua al cuello, agobiadas por las deudas crediticias, promotores, arquitectos y aparejadores vizcaínos coincidieron ayer en la necesidad de restablecer «urgentemente» el diálogo con la Administración para consensuar medidas encaminadas a reactivar el mercado y corregir «los desequilibrios territoriales» auspiciados, a su juicio, por la política del Ejecutivo autónomo.

En medio de fuertes críticas al Gobierno de Patxi López, Erailur, organización que engloba a los colegios de Arquitectos y Aparejadores y la Asociación de Constructores y Promotores (Ascobi), alertó sobre el parón «casi total» de la construcción en Vizcaya y urgió la necesidad de acometer un «plan de choque inmediato» cifrado en 40.000 pisos para los próximos cuatro años y estabilizar la oferta en los ejercicios siguientes en torno a las 6.000 viviendas anuales.

La delicada situación económica ha golpeado de tal manera que los niveles de construcción actuales se mantienen en parámetros similares a los de «la primera década de los ochenta», cuando la crisis «desmanteló» el sector y provocó «el cierre de numerosas» constructoras. La tasa anual de viviendas visadas en Vizcaya desde 1970 es «muy inferior a la media estatal» y a la de «su entorno geográfico». Durante 2008 sólo se edificaron tres pisos -tanto libres como de VPO- por cada mil habitantes en el territorio frente a los 15 levantados en Álava. Para corregir esta «desproporción de uno a cinco», Iñaki Urresti, presidente de Ascobi, exigió al Gobierno «no arrinconar a la iniciativa privada. Se construye promoción protegida en función de la disponibilidad del suelo y no de las necesidades», reflexionó.

Aunque las carteras de pedidos «han caído a la mitad» en los estudios de arquitectura y el gremio vive en un estado de «respiración asistida», Matxalen García, presidenta de los aparejadores, trasladó un mensaje de tranquilidad y recordó que «aún» hay tiempo de coger «el toro por los cuernos», siempre que se lleven a cabo modificaciones «imprescindibles» como la Ley del Suelo. «El sistema no es eficiente porque se obliga a que los precios de venta del mercado libre soporten el sobrecoste de las promociones públicas», reseñó Iñaki Arrieta, ex presidente de la delegación vizcaína del Colegio de Arquitectos. Arrieta reprochó la intromisión de la Administración en la esfera privada al gestionar la mayor promotora en Euskadi -«deficitaria, por cierto», puntualizó-. El resultado es «doblemente perjudicial», ya que el encarecimiento progresivo «anula» el mercado libre, al tiempo que favorece la desaparición de la iniciativa privada «para ofertar VPO».

Aunque las ventas se han reactivado «algo» en los últimos meses, las constructoras reconocieron que la crisis no ha ido acompañada de «bajadas significativas» de los precios. Atribuyeron la carestía de la nueva construcción a la «bajísima» producción, que impide, a su juicio, la existencia de «stocks».


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