La Fiscalía ha pedido ocho años y nueve meses de inhabilitación para el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, al que acusa de prevaricación por la adjudicación en el año 2004 de unas obras municipales a la empresa del hermano de otro concejal de la Junta de Gobierno, un tema conocido como el 'caso Mioño'. Según el escrito del fiscal el gerente de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro, se valió de su condición de hermano de un concejal del anterior equipo de gobierno, Jaime Díez Muro (PRC), para que se adjudicaran a esa empresa obras municipales, sin publicidad y eludiendo el proceso administrativo.
Además del alcalde, expulsado del PRC al inicio de esta legislatura y declarado tránsfuga por el Pacto Antitransfuguismo, el Ministerio Público también solicita que se inhabilite al resto de componentes de la anterior Junta de Gobierno municipal. Y para el gerente de la empresa la Fiscalía solicita un año de cárcel y una multa de 14.000 euros por un delito de tráfico de influencias.
La calificación fiscal señala que en octubre de 2004 Ignacio Díez Muro, gerente de Izeta, se "prevalió" de su condición de hermano del edil de Industria para mantener "contactos personales y directos" y que su empresa resultara adjudicataria de las obras de un túnel en la pedanía de Mioño y de la construcción de un ascensor en el mercado municipal. Como consecuencia de las negociaciones que realizó, Ignacio Díez Muro elaboró ofertas para ejecutar esos trabajos y, según la Fiscalía, "beneficiándose de la relación familiar" con el concejal las entregó personalmente al edil de Obras, Salvador Hierro (IU).
Este último concejal no trasladó esas propuestas al Servicio de Contratación del Ayuntamiento, de modo que se eludió el proceso administrativo de contratación "con pleno conocimiento" y "ánimo de beneficiar" a Díez Muro. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación a Izeta de la propuesta del edil de Obras, aunque ese asunto no estaba inicialmente en el orden del día, y "con pleno conocimiento" de la ausencia de expediente de contratación. En 2004 también formaban parte de la Junta de Gobierno de Castro Urdiales José Miguel Rodríguez y Concepción Carranza (ambos del PP), que siguen en el equipo de gobierno, para los que la Fiscalía solicita ocho años y nueve meses de inhabilitación.
El Ministerio Fiscal solicita diez años de inhabilitación para Jaime Díez Muro y para Salvador Hierro. Para Tomás Molinero (PRC) la inhabilitación que se solicita es de siete años y para Santiago Vélez (IU) también de ocho años y nueve meses. Ninguno de los dos forma parte en la actualidad de la Corporación. La Fiscalía también acusa al ex secretario municipal César Díaz y al ex interventor Gregorio Salcedo.
