«Por ahora no vallaremos nuestros terrenos, porque queremos buscar una solución sensata y que los ciudadanos no sean los paganos de esta situación». Los propietarios de la parcela de cinco hectáreas de Punta Galea que el Tribunal Supremo acaba de declarar privada mostraron ayer su disposición a sentarse con el Ayuntamiento para tratar de hallar una salida «razonable» al conflicto. La noticia adelantada por este diario de que gran parte de una de las zonas de ocio más frecuentadas de Getxo no es pública y no pertenece al Consistorio ha tenido una repercusión «enorme; multitud de gente se pregunta ahora si puede pasear por allí», reconocieron los legítimos dueños del solar, que descartan tomar «posiciones de fuerza; al menos, por el momento».
La sentencia, que pone fin a un pleito que ha durado nueve años, supone un varapalo importante para los responsables municipales. A finales de los años 90, el entonces edil de Urbanismo, Andrés Uriarte (PNV), se reunió varias veces con los dueños para explorar un acuerdo por vía extrajudicial, después de que el Consistorio se hubiera atribuido la titularidad de la finca al modificar el planeamiento urbanístico en la zona. «Llegamos a ofrecerles la posibilidad de expropiarnos, pero no hubo ninguna receptividad», recuerdan los propietarios.
Con el fallo del alto tribunal en la mano, los herederos de la finca, que discurre encajonada entre los acantilados y el paseo de La Galea, a lo largo de 1,2 kilómetros, desean que, en lo sucesivo, todo se desarrolle de una manera «muy razonable». La pelota parece estar ahora en el tejado de la Administración local, que es quien ha perdido el pulso judicial y tiene la obligación de garantizar el uso público de la franja de tierra, de 51.000 metros cuadrados. De otra manera sólo se podría acceder a la zona de servidumbre de rescate, que comprende un par de metros al filo del acantilado.
«No pueden ser rehenes»
«Queremos encontrar la fórmula perfecta que permita maximizar los intereses de las tres partes implicadas: los dueños del solar, la Administración local y los vecinos, que, de ninguna manera, pueden ser rehenes de esta situación», adelantó ayer un portavoz de los propietarios. La misma fuente precisó que «aún no hemos diseñado una estrategia definida», en referencia a los pasos que van a dar a partir de ahora. «Tenemos pendiente una reunión entre todos los dueños y, después, hay que hablar también con nuestros abogados para saber qué nos recomiendan», añadió.
Por otro lado, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Getxo expresaron su «malestar» por haberse enterado de la noticia a través de EL CORREO. Asimismo, avanzaron que pedirán la comparecencia del edil de Urbanismo en la comisión correspondiente para que dé cuenta del fallo y precise las consecuencias que tendrá en el futuro de la zona.
El PP se mostró muy crítico con el actual equipo de gobierno. «Los propietarios del terreno fueron maltratados cuando, hace unos años, vinieron al Ayuntamiento buscando una solución amistosa», se quejó el concejal popular Jesús Toca. «Poco más o menos, se les echó a patadas. El PNV les trató con mucha prepotencia», añadió.
Toca puso el acento en el «coste» que va a tener que pagar ahora el Consistorio si quiere resolver «una situación muy embarazosa». «Acudir hasta el Tribunal Supremo supone un desembolso muy importante, cuando esto se podía haber resuelto de una manera más elegante y menos gravosa para las arcas municipales», opinó.
Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento getxotarra, Luis Almansa, la resolución del Tribunal Supremo es «una desagradable sorpresa». En su opinión, este «fiasco» evidencia «la deficiente gestión del municipio que está realizando el PNV». A juicio del edil del PSE, la falta de cintura del equipo de gobierno nacionalista ha sido «evidente». «Se podía haber resuelto el problema mediante una solución negociada y pactada, sin haber llegado a estos extremos», denunció. «Todo este embrollo es reflejo de la falta de agilidad del alcalde, su antecesor y su equipo», precisó.
