Los empresarios catalanes imputados en la 'operación Pretoria' contra la corrupción urbanística no pisarán la cárcel. Los dos constructores y el dueño de la concesionaria de limpiezas de Santa Coloma, acusados de pagar comisiones para hacerse con adjudicaciones y concursos amañados en tres municipios de Barcelona, lograron reunir durante el fin de semana los 1.100.000 euros en fianzas que el juez Baltasar Garzón les exigía depositar en la Audiencia Nacional antes de las 13.00 horas de ayer para evitar su inmediato ingreso en prisión.
Los abogados de Josep Singla, presidente de la inmobiliaria Proinosa, una de las constructoras más beneficiadas de los concursos públicos del Ayuntamiento de Santa Coloma, y de Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, hicieron efectivas las cauciones de medio millón para cada uno. Por su parte, los representantes de Manuel Carrillo Martín, consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, pagaron 100.000 euros.
A ellos se unió el único político detenido en esta redada que no ha acabado en la cárcel, Pascual Vela, el director gerente de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, a quien Garzón impuso la fianza menor, 25.000 euros. El juez mandó a la cárcel a los otros cinco detenidos en la operación de la semana pasada: el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García. Todos ellos están acusados de pertenecer a un grupo organizado que estafó no menos de 44 millones de euros a la Hacienda pública en diversos 'pelotazos' urbanísticos.
Tal y como habían anunciado socialistas y convergentes al poco de conocer estas imputaciones, ambas formaciones suspendieron de militancia ayer a los cinco políticos implicados. El PSC, reunido con carácter extraordinario, dio además luz verde al proceso de elección de un nuevo alcalde en la localidad de Santa Coloma y a la sustitución de los cargos públicos que quedan vacantes por el proceso judicial.
Y es que Muñoz hace un agujero en la estructura socialista catalana. Abandona el bastón de mando municipal, la vicepresidencia de la Diputación de Barcelona y sus cargos políticos en el PSC y en la ejecutiva nacional del PSOE. Dobarco, por su parte, también renuncia a todos sus cargos públicos y políticos.
Según señaló el portavoz del PSC, Miquel Iceta, la suspensión de militancia de los cargos socialistas se ha llevado a cabo para preservar la «buena imagen de las instituciones». Destacó asimismo la celeridad en las destituciones y anunció una serie de medidas y de propuestas encaminadas a aumentar la transparencia de la vida pública y de recuperar el crédito de la ciudadanía.
En CiU, mientras, la decisión de suspender de militancia a los dos ex altos cargos del 'pujolismo' fue tomada ayer de forma temporal, según recalcó el presidente de CiU, Artur Mas. «Esta es una decisión dolorosa, pero necesaria», dijo.
