La corrupción no distingue de banderas políticas ni de territorios. El fenómeno, en mayor o menor medida, alcanza a todos los partidos y a todas las comunidades. Aunque afecta a una porción muy minoritaria de municipios -en los más de 8.112 consistorios sólo hay unos 250 procesos judiciales abiertos, lo que supone que sólo afecta al 3% de las localidades-, la repercusión es notoria.
«Chorizos, mangantes, ladrones...». Los epítetos surgen como disparos de metralleta en las conversaciones de cualquier punto del país sobre las últimas fechorías. España no tiene una corrupción rampante, aunque la sensación contraria tenga una honda raigambre. El informe de la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción en 2008 sitúa al Estado en la vigésimo octava posición del mundo, por debajo de Francia, Reino Unido, Alemania y los países nórdicos, pero por encima de Italia, Portugal y los países del este europeo. Una zona templada, más cerca de la excelencia que de la podredumbre.
La impresión de que ahora hay más casos que antes tiene una explicación que puede parecer paradójica: se persigue más y, por tanto, se conoce más. La Fiscalía Anticorrupción condujo a los tribunales 246 causas por estas prácticas en 2008, un aumento apreciable frente a las 194 del año anterior. La Memoria del Ministerio Público recoge también que el año pasado se duplicaron las investigaciones sobre denuncias de actuaciones corruptas en el sector público. Las fuerzas de seguridad, a su vez, han visto incrementarse sus plantillas especializadas en este tipo de delitos. El impacto mediático de estas informaciones, plagadas de aspectos morbosos, multiplica su trascendencia y aviva la alarma social. Ocurre algo parecido a lo que pasa con los episodios de violencia de género, no hay más que antes, hay menos, pero ahora trascienden de las cuatro paredes del domicilio.
La mejoría de los medios en la lucha anticorrupción ha demostrado ser, sin embargo, insuficiente. Así lo reconocen fuerzas políticas, jueces y fiscales. Las penas por este tipo de delitos rara vez superan los cinco años de prisión, e incluso se solventan con simples multas. Por ejemplo, la vulneración de la ley de financiación de partidos, uno de los motores del fenómeno, está penado con una sanción pecuniaria equivalente al doble de lo ingresado de forma irregular. No hay cárcel.
Controles poco eficientes
Los controles de la administración tampoco son los más eficientes. El Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador de las contabilidades de la administración y los partidos, no tiene facultades penales, sólo administrativas, y audita lo que le presentan, no puede evaluar lo que se esconde en cuentas 'b' o depósitos opacos.
El impacto de los últimos casos, sobre todo 'Gürtel' y 'Pretoria', ha actuado de catalizador para tratar de poner freno a esta situación. El Congreso aprobó esta semana una moción del PSOE y Esquerra Republicana que insta al Gobierno a endurecer los castigos y reforzar los organismos y sistemas de fiscalización. Un asunto en el que el Ejecutivo ya trabajaba desde hace tiempo y que culminará dentro de dos semanas con la aprobación de una batería de reformas en el Código Penal que va en esa misma dirección y que tendrá que ser refrendado por el Parlamento.
La corrupción, pese a despertar las iras sociales, no tiene, en el fondo, 'mala prensa' entre la población. Entre los problemas de los españoles que se reflejan en las encuestas del CIS figura en un lugar irrelevante, y en el último sondeo, el de septiembre, apenas el 1,4% de los consultados dice que es uno de los principales males de España, casi al mismo nivel que las cuestiones medioambientales.
Se asocia a la picaresca, al 'listillo' de turno y se considera parte de la idiosincrasia nacional. El binomio del concejal y el constructor está instalado en el imaginario colectivo con la misma normalidad que la pareja de la Guardia Civil. La máxima del «todos roban» contribuye a una inexplicable permisividad social; el «se veía venir» que comentaban los vecinos de Santa Coloma durante la detención de su alcalde se ha repetido antes muchas veces en otros puntos de España.
Pero la corrupción de estos últimos años presenta rasgos distintos a los de la década de los ochenta y noventa. El componente «romántico» que podían tener el 'caso Filesa' o 'Naseiro', urdidos para financiar al PSOE y el PP, se ha perdido en favor de unas corruptelas sin duda más prosaicas, cuya única finalidad es casi siempre engordar los bolsillos de los implicados.
Han cambiado menos las formas. El tejemaneje inmobiliario fue la principal fuente de corruptelas antes y ahora, aunque es difícil que lo sea en el futuro. El 'boom' urbanístico y la bonanza económica de los últimos años alimentó las recalificaciones de suelo, la concesión de licencias y la adjudicación de obras. De hecho, buena parte de los casos que se investigan datan de los últimos diez años cuando la burbuja estaba en su mejor momento. La reforma de la Ley del Suelo de 1998 también abonó el terreno a las malas prácticas puesto que simplificó la regulación urbanística y atribuyó más competencias a los municipios en detrimento del resto de administraciones.
