La quincena de atuneros con pabellón español que faenan en aguas próximas a Somalia podrá embarcar vigilantes de seguridad privada a partir de la próxima semana. Los escoltas están autorizados a llevar fusiles de asalto, rifles y ametralladoras de un calibre inferior a 20 milímetros, y disparar a matar para repeler ataques de los piratas. El objetivo es proteger a los marineros e impedir secuestros como el del 'Playa de Bakio' y 'Alakrana', de acuerdo a la reforma aprobada ayer por el Gobierno, que modifica los reglamentos de seguridad privada y de armas.
La nueva norma sólo afecta a los buques mercantes y pesqueros que se encuentran en aguas extranjeras en situaciones de «grave riesgo». Asimismo, se incorpora una orden conjunta que regula las armas de guerra que puedan llevar los vigilantes bajo las condiciones que determinen los ministerios de Defensa e Interior en cuanto a la tenencia, control, uso y adquisición del armamento por parte de las empresas de seguridad.
Estas reformas llevan incorporados otros acuerdos económicos. Entre ellos, que los Gobiernos central y vasco se comprometen a financiar a partes iguales la mitad del coste de embarcar a los escoltas privados en los atuneros. El otro 50% lo asumirán los armadores, que, tras la reunión que mantuvieron ayer en La Moncloa con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, dieron su beneplácito a la medida, ya que supone «un paso muy importante» para que los buques puedan trabajar con «relativa tranquilidad», en palabras de José Ángel Angulo, representante de la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores. A este gasto habría que sumar el importe de la formación de los guardias, su traslado a las islas Seychelles -base de los pesqueros que faenan en esa zona del Índico- y el equipamiento que lleven, que suele oscilar en torno a los 9.000 euros, incluidas las armas. El viceconsejero de Pesca del Gobierno vasco, Jon Azkue, estimó en «unos 9 millones de euros» anuales el coste que tendría embarcar agentes de seguridad en los atuneros que operan en el Índico.
La vicepresidenta primera del Gobierno defendió la reforma tras la reunión del Consejo de Ministros y dijo que «todo estaba legalmente previsto porque se trata de un tema serio». El Ejecutivo confía en que la presencia de vigilantes en los atuneros palíe los problemas de seguridad y subsane la primera opción de los armadores y de algunos grupos políticos: que fueran militares los que protegieran los pesqueros.
