El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería, que ofrece a las comunidades autónomas un mayor protagonismo en lo concerniente, sobre todo, a la tutela de los menores inmigrantes no acompañados ('menas'), cuyo número se ha disparado de forma espectacular provocando incluso la «saturación» de los centros públicos de acogida. Éste es el caso de Euskadi, que acoge «unos 600» -cuatro veces más que todo Madrid- y cuyos responsables políticos vienen exigiendo un sistema de cupos para redistribuirlos por el resto de autonomías. Como no es posible, el Gobierno central creará un nuevo fondo para ayudar a las comunidades a sufragar la manutención de cada menor, que podría cifrarse «en torno a 80 euros» al día.
Así lo anunció a EL CORREO la portavoz del PSOE en el Congreso en materia de inmigración, la catalana Esperança Esteve, que justificó la no creación de cupos porque la competencia de los menores recae en las autonomías, «salvo en la repatriación». Respecto a los 'menas' y al fondo permanente de financiación, explicó que ya existe de forma excepcional en Canarias y que se abona «entre 80 y 90 euros diarios por cada menor». El resto lo aporta el Ejecutivo autonómico.
«El objetivo es que un menor se desplace por la Península con su tutela debajo del brazo y una ayuda para su atención», recalcó la diputada. Y es que ahora un joven bajo la supervisión, por ejemplo, del Gobierno de Murcia que decida desplazarse a Euskadi sigue estando bajo la tutela de la comunidad de origen. «Esto ya se va a cambiar», avanzó Esteve. En relación a su redistribución por España -el País Vasco y Cataluña son las más perjudicadas-, el Gobierno central trabajará en los órganos interinstitucionales para que fructifiquen acuerdos entre administraciones.
Otra de las grandes novedades, además de que las ONG podrán asumir la tutela de este tipo de chicos, es que las comunidades autónomas tendrán el plácet del Gabinete Zapatero para entablar relaciones bidireccionales con los gobiernos africanos de origen para establecer medidas disuasorias y que los jóvenes permanezcan en sus hogares -centros educativos, becas...-.
Esta última decisión despertó ayer airadas críticas del PP, que votó en contra y al que se le denegaron 62 de sus 63 enmiendas parciales al texto. «Es vergonzosa la actitud de dejación del Gobierno. No hace más que confesar su incapacidad para llegar a acuerdos con otros países», espetó el diputado Alfonso Alonso en declaraciones a este diario. Por su parte y pese a votar a favor, el portavoz peneuvista Emilio Olabarria advirtió de que habrá que concretar esta cuestión en el Senado, adonde se remitirá el texto aprobado por PNV, CiU y Coalición Canaria.
Críticas de las ONG
Aunque el de los 'menas' es uno de los aspectos más relevantes, esta reforma, la cuarta desde 2000, incluye otras cuestiones de interés, como que un inmigrante ilegal puede estar encerrado en un centro de internamiento en espera de su expulsión hasta 60 días, por los 40 de ahora. Otra medida es la limitación que se pone al reagrupamiento familiar, que se acota a los padres e hijos. Sólo podrán traer a España a los abuelos y regularizar su situación -siempre fuera del mercado laboral-, si son mayores de 65 años o existen razones humanitarias. Las reacciones al texto no se hicieron esperar. Para muestra, las de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, Cáritas y la Red Acoge, que denunciaron la «restricción de los derechos fundamentales».
El Congreso también dio luz verde a nueve convenios internacionales que permitirá a 650.000 extranjeros votar en las elecciones municipales de 2011. Hasta ahora sólo tenían derecho los de la UE.
a.lorente@diario-elcorreo.com
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