El último argumento de la Diputación para presentar incidente de nulidad a la sentencia del Supremo se apoyó en una supuesta «violación del derecho a la tutela judicial efectiva» y un proceso «con todas las garantías». El Gobierno foral aseguró que el falló del Alto Tribunal no aplica el Derecho comunitario vigente.
A la hora de justificar su rechazo a esta alegación, los jueces aseguran que los recurrentes denuncian una «supuesta falta de respuesta» a un aspecto «sobre el que nada se decía en la contestación a la demanda ni en la sentencia de instancia». Más allá de esta primera consideración, el tribunal recuerda que -en virtud de las «exigencias» del Constitucional- la motivación de las resoluciones judiciales «no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión». Es más, recuerda que el Constitucional ha establecido en numerosas ocasiones que se considerarán «suficientemente motivados» aquellos dictámenes que se apoyen en «razones que permitan conocer cúales han sido los criterios jurídicos esenciales» que han permitido «fundamentar» la decisión.
Del mismo modo, los magistrados subrayan que la denuncia de la supuesta infracción de una directiva europea -relativa «exclusivamente» a los vehículos pesados de transporte de mercancías- no ofrece «especial interés en el tema que nos ocupa». Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Supremo ya ha apreciado previamente la «contradicción» de la norma foral de 2002 con el principio de legalidad que se deriva de la Constitución. Por eso, concluyen los jueces, no pareció «necesario» plantear «cuestión prejudicial alguna».
