Hace justo 30 años, Euskadi comenzaba su mayor época de autogobierno. Los vascos acudían a las urnas para dar su visto bueno al Estatuto de Gernika. El referéndum suponía el punto y final a casi dos años de intensas negociaciones que desembocaron en un texto consensuado entre las principales formaciones políticas de la época. A favor se posicionaron el PNV, PSE, UCD, Euzkadiko Ezkerra y el Partido Comunista. Por el 'no', la extinta Alianza Popular. Tanto ETA como Herri Batasuna apostaban por una «abstención activa». La participación final rondó el 60% -muy similar a la registrada meses antes en las primeras municipales de la democracia, en las que sí participó HB-. El 'sí' ganó con un 94,6% de apoyo.
Era el 25 de octubre de 1979. Conocidos los resultados, Carlos Garaikoetxea, presidente del Consejo General Vasco -órgano preautonómico- se abrazaba efusivamente al presidente del PSOE, Ramón Rubial. La mayoría de la clase política exteriorizaba su entusiasmo. Se abría una etapa ilusionante. Tras 40 años de dictadura, Euskadi recuperaba su Estatuto. Tiempo de esperanza. El histórico Manuel de Irujo (PNV) afirmaba: «Las metralletas deben quedar atrás».
Tres décadas después de aquel fraternal escenario sólo quedan las metralletas. Con menos intensidad, pero ETA sigue matando. El consenso estatutario hace tiempo que ha saltado por los aires. De punto de encuentro a arma arrojadiza. El PNV considera que se trata de un documento al que se le ha vaciado de contenido y reclama su cumplimiento y, abiertamente, su superación, tesis a la que se suman el resto de fuerzas nacionalistas. El PSE apuesta por una reforma consensuada. Y, mientras, el PP cree que su modificación no es necesaria y aboga por dejarlo como está.
«Fastos incongruentes»
La desafección hacia el Estatuto por parte de los partidos abertzales no es nueva. Casi desde su aprobación han denunciado la pretensión del Gobierno central -sea del color que sea- de limitarlo y recortar los derechos del País Vasco. Su principal argumento es que no todas las competencias previstas en su articulado están transferidas a la Administración vasca. El último ejemplo de esta fractura ha sido la decisión de los nacionalistas de no acudir a la recepción institucional organizada para hoy por el lehendakari para conmemorar su trigésimo aniversario al considerarlos unos «fastos incongruentes».
No obstante, el nacionalismo institucional sí ha conmemorado en el pasado el referéndum que permitió aprobar el texto autonómico: el ex lehendakari Ardanza celebró el último gran acto en 1989. con motivo del décimo aniversario de su aprobación. Aquella recepción institucional en Gernika no fue la única. En los primeros tiempos de su mandato, Ardanza organizó durante varios años actos de recuerdo que combinaban la celebración de la efeméride con la reivindicación política del total cumplimiento de la ley.
El alejamiento del PNV ha sido progresivo. Hasta mediados de los noventa el distanciamiento era más de forma que de fondo. Se hablaba de incumplimiento, pero la vigencia del Estatuto no se discutía, por lo menos en público. Pero llegó Lizarra y la estrategia cambió. Ya no se trataba de completarlo, sino de rebasarlo. En 1999, veinte años después de entrar en vigor, el PNV afirmaba en su ponencia que la norma «no constituye una respuesta cabal de futuro para la despierta conciencia colectiva vasca».
La fractura alcanzó su cénit en 2003, cuando el Gobierno de Juan José Ibarretxe aprobó su proyecto de nuevo 'Estatuto político'. Para ratificarlo, el tripartito -PNV, EA y EB- eligió una fecha simbólica: el 25 de octubre. Su trámite se prolongó más de un año. El conocido como 'plan Ibarretxe' fue aprobado por el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004 gracias al apoyo de tres parlamentarios de Sozialista Abertzaleak. Meses después, el Congreso de los Diputados lo tumbaba.
Para el PNV, estos 30 años de Estatuto son una época de «luces y sombras», según señala Andoni Ortuzar. El presidente del Bizkai buru batzar recuerda que el texto vigente fue «la gran apuesta política» de su partido durante la Transición frente a la «ruptura» que proponía «no sólo HB, sino AP, de quien es heredero el actual PP». «No sé si fuimos los grandes protagonistas, pero sí uno de los actores principales», resalta.
En el lado positivo de la balanza, el líder jeltzale reconoce que ha permitido a Euskadi recuperar su autogobierno, poner en valor el derecho foral y construir un «país más equilibrado» y con un sistema de bienestar más elevado que el del resto de autonomías españolas. «Gracias a él hemos podido salir de las sucesivas crisis económicas que nos han golpeado, y espero que nos ayude a salir de la actual», apunta Ortuzar, quien reconoce una máxima en la que coinciden los tres principales partidos del Parlamento vasco: «Nos ha dado el nivel de autogobierno más elevado que un ente no estatal tiene en Europa». Como fruto de él, por ejemplo, existe la Ertzaintza, Osakidetza o los modelos educativos.
Hasta aquí las luces. Ahora las sombras. Y no son pocas. A su juicio, casi desde su inicio, el Estatuto fue vaciado de «contenido» por parte de los sucesivos gobiernos centrales empleando varias herramientas. Y el instrumento que, según el portavoz peneuvista, más lo ha cercenado ha sido el Tribunal Constitucional. «Se ha demostrado que es parcial. Lo que no puede ocurrir es que en caso de desencuentro, el árbitro siempre esté de lado de una de las partes», protesta Ortuzar, quien pone otro ejemplo para reforzar sus palabras: «El Estado ha argumentado que no se podían traspasar algunas materias porque esas competencias habían pasado a la Unión Europea; de acuerdo, pero es que la interlocución con las autoridades comunitarias ha quedado sólo en sus manos cuando tendría que estar repartida con la Administración vasca».
A partir de este escenario, el PNV no ve «contradictorio» pedir que se completen las transferencias pendientes del actual texto con reclamar uno «nuevo». «De hecho, ya hay un nuevo Estatuto», proclama Ortuzar en alusión al 'plan Ibarretxe', un documento «aprobado por el Parlamento» que, como mínimo, tiene que ser la base para futuros cambios. «Está ya aprobado, pero si se concita un consenso mayor, mejor», concede Ortuzar. En cualquier caso, considera necesaria esa modificación porque el Estatuto «no puede ser una foto fija. La sociedad cambia y no es la misma que hace 30 años».
La visión del PSE es muy diferente. Sostiene que el texto autonómico mantiene su vigencia y que no ha sido vaciado de contenido. «Eso es una barbaridad», según su portavoz, José Antonio Pastor, porque está transferido «el 98% de su contenido». Dicho esto, el dirigente socialista admite que es «susceptible de ser mejorado».
Durante los últimos años, la formación liderada por Patxi López ha planteado en varias ocasiones la necesidad de reformarlo. Ya lo hizo en la ponencia política salida de su congreso de octubre de 2005, donde se veía necesario proceder a su «relectura» y a su «actualización y adaptación a los nuevos tiempos». Un año antes, el PSE había puesto sobre la mesa el conocido como 'plan Guevara', un texto elaborado, entre otros, por Emilio Guevara, ex diputado general de Álava por el PNV que acabó siendo parlamentario del PSE.
Falta de consenso
El documento se presentó como una alternativa al 'plan Ibarretxe'. No se llegó a discutir en el Parlamento. A día de hoy, los socialistas lo consideran un buen «borrador, un punto de partida» para una reforma que incluían como compromiso en el programa electoral presentado en las pasadas elecciones del 1 de marzo y que buscaría, entre otras cuestiones, «zanjar de forma definitiva los desacuerdos» sobre transferencias y permitir «la consulta a la ciudadanía en aquellas materias que sean de nuestra competencia».
El problema para que ese nuevo Estatuto salga adelante es que se requiere de un amplio «consenso» que en el horizonte político vasco no se vislumbra. Ortuzar y Pastor coinciden: la posibilidad de que en esta legislatura se produzca esa modificación es mínima. Eso sí, para Pastor, por la falta de «compromiso» del PNV; para Ortuzar, por la «deslealtad» del PSE.
Ajeno a esta polémica se mantiene el PP. Los populares comparten con el PNV y el PSE la valoración altamente positiva del Estatuto. «Es la primera vez que alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos comparten un marco jurídico más allá de ensoñaciones nacionalistas», afirma Leopoldo Barreda, para quien este texto ha demostrado su «firmeza y flexibilidad». Por tanto, su grupo es contundente. «Estamos aquí para resolver los problemas reales de la ciudadanía, y entre ellos no está la reforma del marco jurídico», concluye.
Esto opinan los principales partidos. En el resto de la Cámara, disparidad de opiniones. Aralar y EA apuestan por su superación, EB por su mejora y UPyD por el actual texto. ¿Y la sociedad? Según las periódicas encuestas que realiza el Euskobarómetro, cerca del 70% de los vascos están satisfechos con el Estatuto vigente, pero también indican que un porcentaje aún mayor apuesta por modificarlo.
