ASÍ SE DETECTAN LAS IRREGULARIDADES
En la vivienda, situada en las inmediaciones de Bilbao La Vieja, había 37 personas empadronadas, aunque se comprobó que sólo cinco vivían allí. También ocho 'inquilinos' estaban cobrando la renta de garantía de ingresos, antigua renta básica, sin cumplir los requisitos que les dan derecho a ello, por lo que se ha decretado la suspensión de las ayudas. Es el caso más flagrante de los que se ha encontrado el Ayuntamiento de Bilbao en la investigación de 'pisos patera', que se ha visto reforzada con la incorporación de dos policías municipales al área de Acción Social.
El primer paso para cobrar un salario social, para ser ciudadano de pleno derecho, es tener una dirección, así que el padrón aporta pistas para identificar los cobros fraudulentos. En los seis primeros meses de este año, el negociado de Control e Inspección ha comprobado de oficio si 2.200 perceptores están debidamente inscritos como vecinos de Bilbao. Lo más llamativo son los trece 'pisos patera' en los que, sobre el papel, vivían 246 personas. En realidad, se ha demostrado que residían 93 y dos casos han llegado a los juzgados al detectarse indicios de un negocio rentable: cobrar suculentas cantidades a cambio de alquilar habitaciones por horas o, simplemente, por figurar en el padrón y tener acceso a las ayudas sociales. La mayor parte de estas viviendas están en el entorno de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala.
De la investigación de esos trece domicilios se ha derivado, además de las bajas en el padrón, la suspensión de 44 rentas de garantía de ingresos. Es uno de los instrumentos con los que cuenta el Ayuntamiento para controlar el gasto social, más aún en tiempos de crisis, y combatir la mala imagen de estas prestaciones. «Una ciudad desarrollada tiene que ofrecer este tipo de ayudas, pero nos preocupa que se deslegitimen», confiesa el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala. «La ciudadanía es cada vez más crítica por la ausencia o debilidad de un vínculo entre derechos y obligaciones y, sobre todo, por los casos de fraude. Todo el mundo conoce a una persona de la que sospecha».
Contra los casos crónicos
Esto es lo que dicen las cifras: en Bilbao la renta básica llega a 14.966 hogares, donde viven un total de 26.730 personas. El desembolso global es de 8,1 millones de euros. Algo más de 3.000 expedientes corresponden a complementos de pensiones, donde el fraude «es muy limitado». De los 11.000 restantes, en el primer semestre de este año se ha propuesto a la Diputación que suspenda 1.210 ayudas. Es algo más que en el mismo periodo de 2008 -se contabilizaron 980-, aunque también se han reforzado los instrumentos de control.
Es difícil calcular la cantidad defraudada a las arcas públicas. El importe medio de la renta para una persona es de 640 euros al mes, aunque algunos sólo cobran un complemento. La mayor parte de los engaños los detectan los propios trabajadores sociales en el día a día, cuando descubren «algo que no les cuadra» y siguen la pista. El negociado de Control e Inspección investiga «los casos más escandalosos» y atiende las denuncias de particulares, «en muchos casos compatriotas del presunto defraudador». El empadronamiento irregular y la economía sumergida son los principales motivos de suspensión, junto al uso del dinero destinado al alquiler para el juego o el consumo de drogas.
Otras veces, la cuerda se rompe por la falta de empeño para salir del círculo de las ayudas sociales. Las unidades técnicas trabajan con los beneficiarios que llevan más tiempo en la lista para implicarles en la «búsqueda activa de empleo» mediante convenios de inserción. Quienes incumplen este compromiso quedan fuera del sistema.
t.abajo@diario-elcorreo.com
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