El juzgado de lo Mercantil número uno de Bilbao ha admitido a trámite la solicitud de procedimiento concursal presentada por la papelera Pastguren, ubicada en la localidad vizcaína de Zalla. Esta empresa, que la pasada semana planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la mayor parte de sus casi 150 trabajadores, recibió hace sólo cinco meses un aval de 2,5 millones de euros de la Diputación vizcaína con el propósito de evitar su cierre y salvaguardar los 500 puestos de trabajo -entre directos e indirectos- que dependen de la compañía, fundada en 1998.
La ayuda concedida en junio a Pastguren no ha evitado que sus estrecheces financieras desemboquen ahora en el proceso que tradicionalmente se conoce como suspensión de pagos. Según fuentes judiciales, la papelera de Aranguren presentó la pasada semana la solicitud para iniciar el concurso de acreedores. Esta petición no fue aceptada hasta el pasado jueves, una vez subsanados ciertos defectos en la documentación remitida.
La concesión del aval a Pastguren -que contó con el respaldo de las Juntas Generales gracias a los votos de PNV, EA y EB- ha provocado múltiples críticas de los grupos de la oposición. El diputado general, José Luis Bilbao, justificó esta medida «excepcional e inusual» ante la necesidad de resolver con «urgencia» los problemas de financiación de la empresa, ya que su cierre pondría en riesgo la continuidad de otras compañías y sería la «ruina» para la comarca de las Encartaciones, estrechamente vinculada al sector papelero. «La única alternativa a la intervención era el cierre total», subrayó Bilbao, antes de criticar la «inacción» del Gobierno de Patxi López.
En un primer momento, los representantes de PSE y PP mostraron sus dudas acerca de esta medida, que tacharon de «arbitraria». Críticas que se reprodujeron con mayor intensidad hace sólo unas semanas, a raíz de que se conociese el recrudecimiento de los problemas económicos de la empresa y la presentación de un ERE de 120 días.
Propuesta del Gobierno
Los grupos censuraron la concesión de la garantía sin haber recibido previamente un «balance de explotación» de la firma y reclamaron a la Diputación un mayor control de la actividad de la fábrica, que suministra pasta a los productores de papel Virtisú -cuyos terrenos fueron comprados en 2006 por la Diputación por 15 millones ante la amenaza de la compañía de trasladar su producción a Barcelona-, y Besaya. Según fuentes sindicales, las dos empresas han presentado un ERE recientemente, ya que Pastguren no les suministra la materia prima necesaria.
En este sentido, medios consultados en el Gobierno vasco aseguran que la pasada semana se propuso a la empresa una línea de ayudas de un millón de euros con la condición de que los accionistas abonasen una cantidad similar. La medida fue rechazada porque, según las mismas fuentes, los responsables dijeron no estar en condiciones de aportar dicha suma.
d.s.olabarri@diario-elcorreo.com
d.s.olabarri@diario-elcorreo.com
