Los grupos socialista y popular impusieron ayer su mayoría parlamentaria para rechazar una propuesta de EA y PNV que reivindica la competencia de la Universidad del País Vasco para impartir clases a los internos recluidos en cualquier cárcel de España, incluidos los presos de ETA, clave de la discusión vivida en la Cámara de Vitoria. PSE y PP defendieron en su lugar el mantenimiento del modelo actual, desarrollado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, al considerarlo «más fiable» porque «reúne todas las condiciones necesarias» para la formación. Por el contrario, los partidos nacionalistas alegaron que la UNED «no garantiza» el desarrollo de todas las asignaturas ni la enseñanza en euskera.
Este debate es recurrente en el Parlamento vasco desde que el Gobierno de Aznar decidió en 2003 modificar la ley penitenciaria para unificar en la Universidad a distancia las matriculaciones de las personas encarceladas, en un intento por evitar el presunto trato de favor dado por profesores de la UPV a presos de ETA. La Universidad vasca continuó ofreciendo sus clases a medio centenar de internos de la banda terrorista que cumplían condena en Francia, aunque el Tribunal Supremo puso fin en abril a esta práctica al anular el protocolo.
Estos antecedentes formaron ayer parte de los discursos de los grupos parlamentarios. «Como los carramarros, para atrás», reprochó Mikel Basabe (Aralar) a socialistas y populares por lo que consideró un retroceso en la oferta educativa a los presos. Aunque todos los grupos coincidieron en destacar la importancia de la enseñanza en la reinserción, incluidos los condenados por terrorismo, el debate dividió la Cámara en nacionalistas y no nacionalistas. Jesús Mari Larrazabal (EA) aseguró que «hay cosas que pueden cursarse en la UPV y no en la UNED». «Aterrorizado», dijo que no estaba dispuesto a apoyar «un convenio farsante» como el propuesto por el partido del Gobierno y su socio preferente.
Estibaliz Hernáez (PNV) sostuvo que «es más natural que la UPV» asuma el trabajo, «con las garantías académicas que se estimen oportunas». Tanto para EA como para los jeltzales, la imposibilidad de estudiar en euskera y de hacerlo en la Universidad vasca vulnera derechos de los presos.
PP y PSE rechazaron de plano esa vulneración. «No se puede estudiar Medicina en la cárcel porque exige clases prácticas», dijo Ramón Gómez (PP). Los populares consideraron que la UPV «no es un sistema fiable» porque «es imposible evaluar con imparcialidad». «¿Se atreverían a suspender a un etarra?», preguntó a los profesores.
Vicente Reyes (PSE) planteó como solución que la conferencia de rectores, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, acuerde qué materias puede impartir la UPV. EB apoyó la petición de la bancada nacionalista. UPD se unió a socialistas y populares en su rechazo.
