El Gobierno vasco saldó ayer con éxito su primera emisión de deuda pública en diez años, que fue colocada mayoritariamente entre inversores extranjeros y que le permitirá contar de forma inmediata con 700 millones de euros para sufragar gastos que corresponden al ejercicio en curso. El revés sufrido por la recaudación de impuestos, con un descenso del 25% sobre el Presupuesto que fue elaborado hace ahora un año, había dejado vacías las arcas públicas, hasta el punto de no poder hacer frente a los compromisos contraídos. El dinero obtenido, y otros 350 millones que se emitirán en los próximos meses, servirán al Gabinete de Patxi López para tapar el agujero.
Los inversores franceses fueron los más interesados en suscribir la deuda pública vasca. El 45% de las obligaciones emitidas fueron adquiridas por entidades galas; el 40% está ya en manos españolas; el 9%, en alemanas; y el 6% restante se reparte entre varios países. Así las cosas, el 60% de la deuda ha sido colocada fuera de las fronteras de España en una estrategia premeditada del Ejecutivo autónomo: buscar el máximo apoyo en el exterior en las primeras emisiones antes de apelar a los ahorradores más próximos.
Buenas condiciones
Para instrumentar esa fórmula, el Gobierno contrató como directores de la colocación al banco vasco Bankoa y al francés Calyon, ambos filiales del grupo galo Crédit Agricole. También participaron en la operación BBK, Vital, Kutxa y Norbolsa.
La colocación de estas obligaciones, que se amortizarán en una década, se ha realizado a un tipo de interés del 4,15% -considerado como «muy bueno» por los expertos del mercado financiero- y la demanda superó en dos veces a la oferta. Esto es, se contabilizaron peticiones de suscripción por un importe de 1.500 millones de euros.
El éxito de la emisión de deuda -medido en función de la demanda y también del tipo relativamente bajo obtenido- estaba descontado de antemano. La radiografía patrimonial del Ejecutivo de Vitoria es de una enorme solidez, gracias a la gestión prudente y extraordinariamente conservadora que realizaron los gabinetes presididos por Juan José Ibarretxe. La Administración pública vasca tiene una calificación de las más altas por su solvencia -triple A, mejor incluso que la del Reino de España- y su bajo endeudamiento deja un amplio margen a emisiones de este tipo. Euskadi ocupa el último lugar en el ranking de deuda de las autonomías, con un ratio -hasta ayer- del 2% en relación con el Producto Interior Bruto. La última operación de obligaciones apenas si supone un punto adicional, lo que permite al País Vasco mantenerse aún muy lejos del 7,7% de endeudamiento medio de las comunidades. Con la nueva emisión, las deudas del Gobierno vasco ascienden a unos 2.000 millones de euros.
Pero la máquina de fabricar 'papelines' que maneja el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, no ha hecho sino comenzar a funcionar. Previsiblemente, en los próximos dos o tres años va a verse sometida a una intensa actividad. Antes de que finalice 2009 habrá emisiones por importe de 350 millones y a lo largo de 2010 alcanzará, previsiblemente, su punto de máxima actividad: las estimaciones para el próximo ejercicio, que serán oficiales en el momento en que se presente a finales de este mes el Presupuesto para ese ejercicio, apuntan a una necesidad de endeudamiento de unos 1.900 millones de euros.
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