La Diputación de Álava recurrirá la sentencia emitida el pasado septiembre por el Tribunal de Luxemburgo, en la que se declararon ilegales las 'vacaciones fiscales' y otros incentivos a las empresas vascas que estuvieron vigentes en la comunidad autónoma entre 1993 y 1996. Así lo anunció ayer el diputado general, Xabier Agirre, quien justificó la medida en que la Comisión europea «no fue lo suficientemente diligente a la hora de comunicar a la Diputación que los incentivos eran ayudas de Estado y por tanto, no se podían mantener. Tardaron nada menos que 79 meses», enfatizó el dirigente peneuvista tras el semanal consejo de diputados.
Álava se suma de esta forma a la estrategia trazada por la Diputación de Vizcaya y a la espera de que se pronuncie la guipuzcoana. Además, y por primera vez, el Ejecutivo alavés aportó con luz y taquígrafos el número concreto de empresas que se beneficiaron de las ayudas y el importe de las mismas. En total, 61 firmas que recibieron incentivos por valor de 86,7 millones -casi 15.000 millones de las extintas pesetas-. «Todo el dinero ya está devuelto, por lo que la sentencia no tiene efecto práctico», apostilló Agirre.
Tras destacar la relevancia que tuvieron las 'vacaciones fiscales' para «evitar la desaparición de muchas empresas», el diputado general justificó el recurso para «no dejarlas sin nuestro respaldo».
