Aralar rechaza llevar a los colegios el «mensaje del odio» de las víctimas del terrorismo

El Parlamento vasco vivió ayer una de esas jornadas que recuerdan al 'día de la marmota', con puntos que de una u otra forma ya se han tratado en numerosas ocasiones y que de manera recurrente vuelven a aparecer en la agenda del Legislativo autónomo. Lo habitual es que los debates -muchos de ellos centrados en ETA o en las consecuencias que genera su actividad- levanten una gran polvareda dialéctica, los diferentes portavoces se echen los trastos a la cabeza y las victorias en las votaciones sean pírricas, muy lejos de la unanimidad. Todo esto volvió a suceder ayer durante una sesión en la que Aintzane Ezenarro, la representante de Aralar, se convirtió en la protagonista estelar al rechazar la presencia de víctimas del terrorismo en los colegios porque pueden transmitir «el mensaje del odio» a los escolares y al señalar que cada vez hay «más presos políticos en el Estado español».

El primer punto que generó polémica fue el referido al plan de Educación para la paz, puesto en marcha la anterior legislatura por el consejero Tontxu Campos, de Eusko Alkartasuna. El nuevo Gobierno vasco quiere reformularlo para que las víctimas ofrezcan de manera directa su testimonio en las aulas. En este sentido, el parlamentario del PSE, Mikel Unzalu, sostuvo que no se quiere «tirar por la borda» lo hecho hasta ahora, pero que es necesario que los jóvenes se solidaricen «con los vecinos que sufren este acoso».

Unos argumentos que no convencieron a Ezenarro. Su formación había presentado una moción en la que censuraba la «remodelación» pensada por el Ejecutivo socialista y exigía que la redacción definitiva se presentase en la Cámara. A partir de ahí, la parlamentaria abertzale fue contundente y ofreció su lado más radical. Afirmó que «en nombre de la deslegitimación» del terrorismo se quiere imponer «un punto de vista unilateral del sufrimiento» y que el objetivo final del PSE y del PP es «llevar el mensaje del odio». En este sentido, insistió en que los afectados por la violencia etarra expresarían en las aulas sus opiniones «políticas» y su «odio» que, concedió, tendría «su razón de ser».

Desde el PSE, Unzalu respondió que es ETA la que genera ese odio -algo que compartió Ezenarro-, que las víctimas no recurren al «rencor» y que su presencia en las aulas es legítima. La parlamentaria del PP, Mari Mar Blanco, preguntó a la representante de Aralar por qué le «incomodan» tanto las víctimas. Al final fue aprobada una enmienda negociada por el PSE y el PP, y apoyada por UPyD, para que el informe final sea presentado «cuanto antes» en el Parlamento.

«Presos políticos»

Pero la tormenta continuó en el punto siguiente. Se debatía otro de esos temas perennes en la Cámara de Vitoria: las subvenciones a los grupos afines a ETA. PNV, PSE y PP pactaron un texto con el que se quiere garantizar que personas u organizaciones que enaltezcan o humillen a las víctimas no reciban esas ayudas. El documento también fue apoyado por EB y UPyD. EA se abstuvo. La única negativa llegó de los cuatro parlamentarios de Aralar.

La intervención de Ezenarro siguió en la misma línea que la anterior. Se preguntó quién decide qué es lo que humilla a las víctimas, una reflexión que enlazó con las detenciones de varios dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi. «Se empieza con detenciones, pero no se sabe cómo se acaba», aventuró antes de recalcar que «cada vez hay más presos políticos en el Estado español».

Socialistas y populares insinuaron que la actitud de Ezenarro durante el Pleno se debía a que tenía que remarcar su radicalismo tras las recientes detenciones de Otegi, Rafa Díez Usabiaga y otros miembros de la izquierda abertzale.

«Lo más parecido a un preso político en España son aquellos que llevan escolta», terció Gorka Maneiro, de UPyD. «No es un buen día para la lírica», apostilló Jesús Loza, del PSE.