El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha elevado a definitivo el informe preliminar que elaboró el pasado mes de abril sobre las graves irregularidades que se cometieron en el proceso de construcción y adjudicación del polideportivo y parking para residentes del barrio de La Peña. El máximo órgano fiscalizador de la función pública en Euskadi ha rechazado el medio centenar de alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Bilbao y ha aprobado un dictamen que es muy duro con el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y con el propio Consistorio .
La resolución, que carece de efectos directos y legales, pero supone un varapalo a la gestión municipal, contó con cuatro votos favorables y tres en contra. Se opusieron los representantes del foro designados por el PNV: José María Gorordo, ex alcalde de la villa; Eusebio Melero, ex diputado de Obras Públicas y Transporte; y Begoña Marijuán.
La controvertida operación de La Peña ha supuesto el mayor punto de fricción en la vida de la Corporación en esta legislatura. El propio alcalde, Iñaki Azkuna, admitió «desorden» y falta de planificación de un proyecto presupuestado en más de 6 millones de euros. Además de encarecerse notablemente, el polideportivo y el aparcamiento acumularon apreciables retrasos y notables deficiencias estructurales.
Ahora, el informe del tribunal presenta una abultada lista de incumplimientos y concluye que la forma en que se ejecutó la iniciativa violó «el principio de libre concurrencia e igualdad de oportunidades». En este sentido, hace especial hincapié en el hecho de que la redacción del proyecto para añadir un parking subterráneo al equipamiento deportivo se encargara «verbalmente», sin concurso público, como reconoció en el transcurso de un pleno municipal el primer teniente de alcalde, Ibon Areso. La citada encomienda ascendió a 183.000 euros y ninguna empresa pudo aspirar a este contrato.
Otras irregularidades detectadas hacen referencia al polémico rescate de parcelas que efectuó el Consistorio para compensar las pérdidas registradas por el promotor (la UTE formada por Construcciones Olabarri y Albatros) durante la comercialización de un parking que sólo ha vendido una treintena de sus 155 plazas. Esta medida costó casi un millón de euros a las arcas locales.
«Todos los partidos»
Durante la aprobación del informe preliminar, los consejeros del tribunal nombrados por el PNV pidieron sin éxito que el dictamen fuera reelaborado a la vista de las alegaciones presentadas por el Consistorio. El Ayuntamiento había defendido que la cadena de irregularidades cometidas se justificaba por el interés público. Así, Melero, Marijuán y Gorordo se opusieron y emitieron su voto particular.
El ex alcalde de Bilbao, por ejemplo, hizo notar que el proyecto de La Peña se aprobó «con el visto bueno de todos los partidos presentes en el pleno». Asimismo, las decisiones del IMD fueron también «avaladas por todas las formaciones políticas». A esto, Gorordo añadió que la iniciativa fue supervisada por el secretario municipal y el interventor. Ambos «no advirtieron» de que hubiera irregularidad alguna. Por todo ello, el ex regidor estima que no ha habido ninguna mala fe en la gestión.
Melero, por su parte, basó su voto particular en el hecho de que la labor del IMD en 2004 -en ese momento el plan de La Peña ya estaba en marcha- ya había sido fiscalizada, sin que se apreciaran grandes deficiencias. «El dictamen debería quedar en suspenso, en aplicación del principio de cosa juzgada», manifestó.
El Ayuntamiento evitó ayer hacer declaraciones sobre la resolución del Tribunal de Cuentas. «Todavía no hemos recibido la notificación y no podemos hablar de algo que aún no hemos recibido de forma oficial», argumentó un portavoz.
