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La detención, por orden del juez Garzón, de quienes podrían constituir el último equipo de dirección de Batasuna suscitó la consabida acusación de que la Audiencia Nacional habría aplicado una orden gubernamental para abortar el plan que los presuntos dirigentes de la ilegalizada organización estarían tramando en su seno. Es sorprendente la convicción con la que, de forma periódica, se apela a la existencia en el seno de la izquierda abertzale de una corriente que estaría liderada por Otegi o por Díez Usabiaga para distanciarse definitivamente de la violencia. Sorprendente porque hasta la fecha ni uno ni otro se han mostrado decididos a cortar amarras con el pasado. Y los matices que han podido introducir respecto al discurso más iracundo de otros portavoces no han sido nunca suficientes como para concederles el mérito a la audacia. Sin ir más lejos, ambos fueron intérpretes adocenados de las dos últimas rupturas de tregua por parte de ETA, y observadores comprensivos de los asesinatos con las que la banda rubricó ambas rupturas. No hay constancia pública alguna de que los detenidos estuviesen actuando con la misión de desarmar el camino hacia la independencia. Y de ser así es lógico pensar que expondrán su cometido como argumento nuclear de su defensa en la comparecencia ante el juez que ha ordenado su detención.
Supongamos -lo cual es mucho suponer- que Otegi y Díez Usabiaga se habían decidido por fin a encabezar la revisión de los medios empleados por ETA y secundados por la izquierda abertzale para así salvar sus fines últimos o, sencillamente, preservar su propia existencia política y procurar la vuelta a la legalidad. No tendrían más que decirlo. Pero probablemente no sea eso a lo que se refieran los batasunos con la apertura de un «nuevo ciclo político para superar el conflicto armado», tal como ayer anunciaron desde Baiona. Probablemente se trate de situar el punto de equilibrio de la propia izquierda abertzale más cerca del «matar menos y bien» que del «matar todo lo que se pueda».
Ni la sociedad ni los poderes del Estado tienen por qué respetar, en actitud condescendiente, el ritmo supuestamente evolutivo de la izquierda abertzale mientras su comportamiento contribuya a la perpetuación de la amenaza terrorista. Es más, la sociedad y las instituciones tienen razones poderosas para mostrarse extremadamente exigentes respecto a eso que en la jerga de la izquierda abertzale se denomina «propuesta de calado», «iniciativa de solución» o, una vez más, «alternativa democrática».
Nada permite pensar que quienes hablan en nombre de la izquierda abertzale se hayan liberado o discrepen de la matriz etarra como para tener en cuenta el equívoco y engañoso mensaje del cambio que encarnarían los detenidos. La orden de Garzón podrá ser criticable por muchas cosas; pero mejor será que los profesionales de la «solución dialogada», algunos de los cuales continúan hablando de «proceso de paz», no sigan haciendo el juego a los exégetas que acompañan la deriva etarra. Porque es esto lo que en realidad eterniza el problema.
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