«No traemos iniciativas que marcan líneas divisorias entre los vascos ni que nos enfrentan con el resto de los españoles. Defendemos un consenso entre los vascos y buscamos un consenso con ustedes». La frase, pronunciada en la tribuna del Congreso de los Diputados por la parlamentaria del PSE Miren Gallastegui, resume el espíritu de lo acontecido ayer en la Cámara Baja. Tanto la representante socialista como sus compañeros Ricardo Gatzagaetxebarria (PNV) y Antón Damborenea (PP) defendieron con abundantes argumentos jurídicos, buenas dosis de pedagogía política e incluso con «honor» la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento vasco en el verano de 2007 y ratificada en junio pasado con el único voto en contra del electo de UPyD.

Pero ni la «brillante y encomiable» exposición -en palabras del propio diputado que intervino en nombre del PP, Arturo García Tizón- ni las presiones de Antonio Basagoiti sirvieron para convencer al grupo popular, que rechazó la equiparación de las normas tributarias vascas a cualquier otra ley y forzó la ausencia en el hemiciclo de sus tres diputados vascos. Alfonso Alonso, Eugenio Azpiroz e Ignacio Astarloa dejaron así patente su «discrepancia» con la dirección nacional. Por lo demás, no hubo sorpresas: los socialistas permitieron con su voto a favor la toma en consideración de la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, necesaria para preservar la seguridad jurídica del régimen fiscal vasco, que salió adelante con 187 votos a favor y 134 en contra en un hemiciclo plagado de diputados ausentes. Pero no convencieron al PNV, que sigue «temiendo» que la iniciativa quede descafeinada en su tramitación en las Cortes y que, ante la falta de garantías, aún no se ha comprometido ni siquiera a sentarse a negociar los Presupuestos con José Luis Rodríguez Zapatero.

La coincidencia del debate con la negociación de las Cuentas sobrevoló, de hecho, la hora y media que duró la discusión parlamentaria del llamado blindaje, aunque prácticamente todos los intervinientes se esforzaron en dejar claro que no existe como tal y que el abuso del término ha provocado «recelos» que podrían haberse evitado. En resumen, que no existe ningún «privilegio» en un régimen que ya fue avalado por la Justicia europea. «Que las normas puedan recurrirse sólo ante el Constitucional no es ningún blindaje, que nos lo digan a nosotros con el Estatut», resumió el portavoz de CiU, Jordi Jané, que, como el resto de grupos nacionalistas de la Cámara -ERC, BNG y NaBai-, apoyó la reivindicación vasca, respaldada desde la tribuna de invitados por una delegación pocas veces vista en la Carrera de San Jerónimo, por lo nutrido de la representación y por su pluralidad. Sólo los populares y la formación de Rosa Díez, muy vehemente contra la supuesta «injusticia» que supone el régimen concertado, la rechazaron.

«Convencimiento»

Pero fue el voto del PSOE el que, en la práctica, abrió la puerta a la creación de una ponencia parlamentaria que dé forma al nuevo texto legal, que deberá ser ratificado en el Congreso y en el Senado antes de su publicación en el BOE. Txiki Benegas dejó claro en su intervención que los diputados socialistas no han decidido respaldar la exigencia del Parlamento vasco «por necesidad», sino «por coherencia y por convencimiento, porque estamos de acuerdo con el fondo», pese a que en ocasiones anteriores han votado en contra del blindaje. En todo caso, Benegas dejó entrever las reticencias que han debido superar los propios socialistas y pidió «fe y calma» a los presidentes de las comunidades limítrofes y que tengan en cuenta que el cambio de Gobierno propiciará una relación de «lealtad de doble dirección».

Ni unos pueden hacer uso abusivo de su capacidad fiscal, vino a decir Benegas, ni otros someter al Concierto a una permanente judicialización. También el representante del Gobierno vasco ayer en Madrid -el consejero de Hacienda, Carlos Aguirre- puso en valor el trabajo «en la sombra» de Patxi López y del PSE y su «labor de zapa» para convencer a sus compañeros. «No es casualidad que se haya tomado en consideración con un lehendakari socialista en Ajuria Enea», recalcó.

Pero el PNV no se fía. Su portavoz ayer en la Cámara, Aitor Esteban, recordó que la tradición socialista en este asunto se resume en un dicho popular -«donde dije digo, digo Diego»- e incluso no dudó en asegurar que al PSOE «le importa una higa» el régimen fiscal vasco porque su única motivación es la necesidad de sacar adelante su proyecto presupuestario. «Esto es un ejemplo de lo importante que puede ser un puñado de votos», dijo, en referencia a los seis escaños peneuvistas. No obstante, el único borrador de la reforma legal que han recibido hasta ahora del Ministerio de Hacienda no les convence en absoluto. Fuentes jeltzales aseguraron a este periódico que, aunque la intervención de Benegas arrojó alguna esperanza, el texto que conocen hasta ahora continúa dejando la puerta abierta a que organizaciones empresariales o sindicatos puedan litigar contra el Concierto ante la Justicia ordinaria, lo que supondría en la práctica un avance nulo.

También hay recelo en las filas del PNV, e incluso en las del PP vasco, sobre la voluntad del Gobierno de tramitar la ley en un plazo razonable -algunos socialistas aventuraban ayer cuatro o cinco meses- en lugar de arrumbarla en lo que sus señorías conocen como «el congelador». Tampoco la reunión que mantuvo por la mañana el portavoz peneuvista, Josu Erkoreka, con el negociador del PSOE, José Antonio Alonso, sirvió para desbloquear la negociación. La posibilidad de que el PNV presente pasado mañana enmienda de totalidad a las Cuentas como medida de presión parece cada vez más factible.

«En el futuro»

El único consuelo que les quedó a unos populares vascos visiblemente contrariados fue la promesa de García Tizón de «encontrarse en el futuro», es decir, durante la tramitación de la modificación legal. En este momento, subrayó el portavoz del PP, su voto a favor resulta imposible porque no resulta «ni serio ni ético», a su juicio, mezclar la defensa del Concierto con la aprobación de unos Presupuestos «imposibles».

Aunque buena parte de los juristas del grupo popular, según las fuentes consultadas, apoyaban el espaldarazo al régimen fiscal de Euskadi, la coyuntura puntual y el desgaste de Zapatero se impusieron al final. «Esto es fatal, un grave error», comentaba uno de los populares vascos que viajaron a Madrid. Al menos, no tuvieron que ver a su líder echando un jarro de agua fría a uno de los puntales de su acción política en Euskadi. Mariano Rajoy no estuvo ayer en el Congreso.