Sin ningún compromiso formalmente atado aún, socialistas y peneuvistas dan prácticamente por hecho que podrán llegar a un acuerdo para pactar, o al menos negociar, los Presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid. Las tres condiciones previas que ha puesto el PNV para pasar a una segunda fase en las conversaciones, en la que se exigirían ya partidas e inversiones concretas en beneficio de Euskadi, están ahora más cerca de cumplirse.

La primera y más compleja, que ha centrado buena parte de la atención pública en los últimos días -el llamado blindaje del Concierto Económico-, llegará seguramente a buen puerto después del espaldarazo que, según todas las fuentes consultadas, podría darle el Congreso el próximo martes. Se debatirá y votará entonces la proposición de ley del Parlamento vasco para modificar la normativa que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial y lograr, en la práctica, que las normas tributarias emanadas de las Juntas Generales tengan exactamente la misma consideración que cualquier ley de otra comunidad autónoma. Eso impediría que los tributos concertados puedan recurrirse ante la Justicia ordinaria y que las autonomías limítrofes litiguen contra ellos, como ha sucedido en el pasado.

Los negociadores del PNV y del Ministerio de Hacienda están ahora cruzándose papeles -la primera reunión se celebró la semana pasada- para poner en común una fórmula jurídica que satisfaga a ambos. No necesariamente debe aplicarse la modificación contemplada literalmente en el texto del Legislativo de Vitoria, aunque el resultado deberá ser «idéntico», subrayan fuentes del PNV, que maneja vías legales alternativas a la original. Lo importante es que se garantice cierta celeridad a la hora de poner en marcha la ponencia que tramitará la reforma y que no quede resquicio para la duda a la hora de evitar los eventuales recursos contra el Concierto de otras comunidades autónomas. «La pelota está en su tejado», subrayan los jeltzales, que exigen compromisos concretos antes de que finalice el plazo de presentación de enmiendas de totalidad -el próximo viernes- aunque admiten que el PSOE está dispuesto a «mirar con buenos ojos» su propuesta.

El papel del lehendakari

También en las filas socialistas y en el propio Gobierno vasco se da por cerrado el acuerdo y se quita hierro a la posible patrimonialización que el PNV haga de él. Primero, porque, según insisten, la protección jurídica de las normas tributarias vascas, que coleaba desde hace años, terminará por resolverse con un lehendakari del PSE en Ajuria Enea. Segundo, porque Patxi López no se quedará al margen si el martes se toma en consideración la iniciativa de la Cámara vasca: no se descarta, de hecho, que comparezca o haga pública algún tipo de declaración institucional. Y tercero, porque el verdadero desastre se produciría si el PSOE votara en contra del blindaje, una posibilidad que, salvo sorpresa mayúscula, no se contempla.

Las otras dos exigencias de los jeltzales -la devolución a la Hacienda alavesa de los 456 millones del IVA de los vehículos de importación y la «clarificación» de la cuantía y contenidos de la transferencia de las políticas activas de empleo- tampoco parecen, ni mucho menos, insalvables. El pago de la deuda a Álava no planteará especiales problemas, dado que, aunque la Abogacía del Estado ha recurrido la resolución judicial, no ha pedido su suspensión cautelar. Unos y otros dan por hecho que el Gobierno saldará la deuda, si bien, teniendo en cuenta lo abultado de la cantidad, espera poder negociar un pago a plazos.

La cantidad en la que el Ejecutivo del PSE y los nacionalistas cifran las políticas activas de empleo sí plantea un desfase importante, de unos 150 millones de euros de diferencia entre los cálculos de unos y otros. No obstante, desde el Gobierno vasco se recuerda que, aunque el lehendakari y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, escenificaron ya el acuerdo, el «tira y afloja» con Madrid continúa, dado que la fecha límite para hacer efectiva la transferencia es el 1 de enero. «No se va a escatimar ningún esfuerzo», aseguran estas fuentes, que no descartan, incluso, que si el acuerdo final no resulta del todo satisfactorio pudiera recurrirse a la vía judicial.