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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Política

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Nos equivocaremos, si pensamos que las resistencias existentes en el PP y PSOE, fuera de los ámbitos del País Vasco y Navarra, acerca del mal llamado blindaje del Concierto responden realmente a discrepancias sobre la solución jurídico-formal que solicita por unanimidad el Parlamento vasco. A mi parecer es mera excusa la que se está poniendo. En el fondo lo que subyace es la discrepancia radical con la vigencia del sistema del Concierto Económico que facilita a los órganos competentes de los Territorios Históricos mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario. Con independencia del uso que se haya hecho de esas facultades desde el año 1981, existe en sectores influyentes del PSOE y del PP una resistencia clara a admitir con todas sus consecuencias el sistema del Concierto como régimen especial integrado en el ordenamiento constitucional.
Antonio Basagoiti conoce perfectamente cuál es la naturaleza de las resistencias que oponen dirigentes nacionales y regionales de su formación, al igual que conocen los socialistas vascos las que oponen personajes notables y sectores con influencia en el PSOE. Y sin embargo, ante tanto constitucionalista, hay que recordar que «el marco jurídico-positivo del Concierto Económico tiene su elemento fundamental en la disposición adicional primera de la Constitución, en virtud de la cual se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales». El entrecomillado no es obra mía, es reproducción literal del primer párrafo de la exposición de motivos de la Ley 12/2002 por la que se aprueba el Concierto Económico. Por cierto, resultado de la negociación entre el Gobierno central y el vasco, dirigidos por Aznar e Ibarretxe, respectivamente.
Dice el presidente riojano Pedro Sanz, que «con el blindaje se está produciendo una injusticia y un perjuicio para nuestros intereses y los de las autonomías vecinas». ¿En qué consiste la injusticia? ¿Y en qué y cómo se perjudican los intereses de los riojanos y de las autonomías vecinas? No vale hacer retórica populista de carácter victimista. Es preciso motivar y fundamentar el alegato de la injusticia o el perjuicio de intereses. La comunidad foral de Navarra, vecina de La Rioja, aprueba sus normas tributarias en virtud de las facultades reconocidas en el Convenio Económico y tienen rango de ley al ser aprobadas por el Parlamento como tales. Estas leyes sólo pueden ser recurridas ante el Constitucional, y para tal impugnación carecen de legitimidad no sólo las personas físicas y jurídicas, sino también las comunidades autónomas. Es decir, siguiendo el ejemplo, el Gobierno y Parlamento riojanos no pueden recurrir estas leyes, como tampoco lo podrían hacer los riojanos.
¿Dónde y cómo se produce injusticia al solicitar la aprobación de igual protección para las normas forales, si el sistema de protección de las leyes navarras no la produce? ¿Qué injusticia se comete al solicitar la aprobación para las normas forales la misma protección que la que tienen las leyes fiscales en general o las leyes tributarias de Navarra, por ejemplo, ante los mismos vecinos riojanos?
Existe un consenso absoluto en el sentido de que las normas forales que regulan los distintos impuestos desde el punto de vista material son auténticas leyes; es decir que regulan materias con 'reserva' de ley. Las propias comunidades de régimen común regulan los impuestos cedidos por el Estado mediante leyes, siendo sólo impugnables ante el Constitucional.
Esta es la incoherencia que les reprocha Basagoiti a sus resistentes correligionarios al solicitar igualdad de trato. A pesar de su empeño, Basagoiti sabe, como ya lo dijo en otra ocasión, que estas cosas se ven de otra manera allende el Ebro. El problema es más de aceptación que de aclaración. Si fuera hoy el debate constitucional y estatutario no se aceptaría la disposición adicional ni tampoco el Concierto Económico. Estoy convencido de ello.
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