Unanimidad. En una imagen bastante inusual, todas las fuerzas políticas del arco parlamentario vasco votaron ayer a favor de una enmienda en la que se pide al Gobierno central que ejecute el pago de los 450 millones de euros (76.000 millones de pesetas) que, en concepto de IVA, adeuda a la Diputación de Álava por las operaciones de importación de vehículos realizadas por Rover en el polígono de Araia entre 1990 y 2005. Así lo concluyó la Junta Arbitral del Concierto Económico, en una resolución datada el pasado 19 de junio.
El debate llegó a la Cámara de la mano del PNV con el propósito de que se produjera, como así ocurrió, un pronunciamiento oficial del Parlamento autónomo en aras de presionar al Ministerio de Economía y Hacienda. A lo largo de la maratoniana jornada, los jeltzales llegaron finalmente a un acuerdo con el PSE-EE para presentar un texto común en el que se concreta un plazo de 30 días para que las administraciones estatal y vasca acuerden la cantidad concreta a reintegrar y la forma en la que se hará. El resto de formaciones -PP , Aralar, EA, EB y UPyD- no dudaron en otorgar su apoyo al texto transaccionado.
Pese a la unanimidad parlamentaria, el pago de estos 450 millones sigue siendo una quimera, como se lo trasladó recientemente la ministra de Hacienda, Elena Salgado, al consejero vasco del ramo, Carlos Aguirre. El motivo, lo abultado de la cantidad y la escasez de tesorería que sufre el Gabinete Zapatero. De momento, sólo han recurrido ante el Supremo el fallo de la Junta, sin solicitar aún la suspensión del pago, una decisión que de consumarse crearía un grave precedente.
«Lo que tienen que hacer el Gobierno central es pagar, porque la resolución es ejecutiva y porque así se ha hecho siempre. El Gobierno vasco, con el lehendakari a la cabeza, debe hacer todo lo posible para que así sea», recalcó el parlamentario jeltzale Norberto Aldaiturriaga.
Desde las filas socialistas, Txarli Prieto recordó que, desde el 'minuto uno', su formación se ha posicionado con «rotundidad» a favor de que la Agencia Tributaria devuelve el dinero a Álava porque va a redundar en el beneficio de todos los vascos -320 millones para el Gobierno, 70 para los ayuntamientos y 60 para las diputaciones-. Eso sí, también pidió gestionar el asunto con «tranquilidad» y evitar «tensionar» el debate echando órdagos al incorporarlo a la negociación sobre los Presupuestos del Estado. El parlamentario del PP Antón Damborenea calificó de «razonable» que Madrid salde su deuda.
Por otro lado, el Parlamento también aprobó una iniciativa en la que pide al Gobierno vasco que garantice este año los avales a la financiación del circulante de pymes, autónomos y empresarios individuales aunque se agote la partida de 500 millones consignada a este fin, sin hacer alusión a ninguna cantidad concreta.
