La segunda jornada de huelga de jueces y magistrados convocada en solitario por la APM en toda España ha sido secundada por el 24,8% de los jueces en el País Vasco, frente a la incidencia del 9,17% que tuvo el paro del pasado 18 de febrero.
Según datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de los 218 jueces existentes en el País Vasco, sólo 169 se encontraban hoy como titulares, una vez excluidos los sustitutos y el personal en situación especial. De todos ellos, 42 han secundado la huelga, lo que representa el 24,8% de la planta.
En Vizcaya, el seguimiento ha alcanzado el 26,6% al sumarse a la protesta 28 de los 105 jueces, mientras que en Guipúzcoa la han secundado sólo 4 de los 39 magistrados, lo que representa el 10,25%. Ha sido en Alava donde ha tenido una mayor repercusión al haberse sumado a la huelga de la APM, la junta de jueces de Vitoria. Así, en el territorio alavés el seguimiento ha sido del 40% al haber sido secundada por 10 de los 25 jueces.
Mala predicción
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, había pronosticado una escasa incidencia de la huelga en el País Vasco debido a la inversión y el gasto realizado en los últimos años. No obstante, las cifras son superiores a las registradas el pasado 18 de febrero cuando tan sólo 20 jueces apoyaron la huelga, lo que representaba el 9,17% frente al 60% de la media estatal. En Vizcaya la incidencia fue entonces del 13%, en Guipúzcoa del 3,5% y en Alava sólo del 3%.
Antonio García ha explicado que los ciudadanos tienen "todo el derecho a ser atendidos debida y adecuadamente, y eso en el País Vasco gracias a Dios, yo creo que se lleva haciendo ya desde hace muchos años por los compromisos inversores y el gasto que se ha hecho". No obstante, ha advertido de que hay que "seguir invirtiendo y seguir muy atentos para no quedarse atrás y no retroceder en el camino".
En la misma línea, el coordinador en Euskadi de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha explicado que en el País Vasco ha habido siempre un seguimiento menor porque las deficiencias que tiene la Administración de Justicia en general por sobrecarga de trabajo o falta de medios materiales y humanos, "en nuestro caso no tiene parangón porque estamos en una situación razonable". En cualquier, caso, ha coincidido en que "no nos podemos quedar atrás" y ha apostado por seguir trabajando para que los tiempos de respuesta "sigan siendo ejemplares" y "sigamos siendo una comunidad puntera respecto al territorio nacional".
Más medios
El propósito de esta segunda huelga de jueces es, al igual que la anterior, reclamar medios personales y materiales para mejorar la Administración de Justicia. El portavoz de la APM ha precisado que la oferta ministerial que ha cerrado el proceso de negociación "no colma de forma suficiente" las reivindicaciones de los jueces, de ahí que su asociación haya decidido ir a la huelga en solitario porque "no hemos querido participar en la puesta en escena de lo que nos parece una gran operación cosmética".
"No dudados que va a producir mejoras pero desde luego, eso no va a sacar a la justicia de la ineficiencia para meterla en el terreno de la eficiencia. Como mucho, conseguiría que la justicia sea un poco menos ineficiente de lo que lo es hoy", ha advertido. Tras asegurar que ir a la huelga les "desagrada profundamente", García ha precisado que con la medida sólo pretenden dotarse de los instrumentos necesarios para ofrecer al conjunto de los ciudadanos "una tutela judicial en condiciones de plena efectividad", sin pretender provocar "un daño desproporcionado".
Su colega Edmundo Rodríguez, ha reconocido también el "déficit" en la Administración de Justicia, que a su juicio, "obliga a una reforma integral", pero ha calificado la convocatoria de huelga de "desproporcionada" ya que el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado. "Y estamos hablando de algo tan grave que uno de ellos puedan parar durante el tiempo que dure la huelga", ha criticado. A su juicio, existen otros instrumentos de presión para denunciar esa situación, en lugar de "una medida tan grave como lo que se ha hecho". En este sentido, ha recordado que los jueces se han organizado desde hace tiempo en la comisión asociativa permanente "que ha tenido algún resultado".