
En la imagen, Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia./ Archivo
Camps intentó llegar a Obama a través de 'El Bigotes'
La 'trama Gürtel ' intentó extender su influencia a la más poderosa institución del planeta, la Casa Blanca. Así lo revela un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que apunta que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, atosigó a llamadas al muñidor de la 'red' en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', para que contactara con un asesor de Barack Obama a fin de influir para conseguir la organización de los premios de música 'Grammys Latinos'.
Ese informe, que incluye las "conversaciones relativas a personas públicas", se hace eco de una conversación el 17 de noviembre del año pasado entre 'El Bigotes' y la mano derecha de Correa, Pablo Crespo. El primero informa al segundo que "el presi" le "ha llamado tres veces" pues Francisco Camps "quiere que le gestione una entrevista con Bill Richardson, Gobernador de Nuevo México, y que suena como posible asesor presidencial del nuevo presidente de Estados Unidos".
La Policía señala que 'El Bigotes' estaba dispuesto a llegar a la Casa Blanca a través de los contactos del abogado Manuel Delgado. 'El Bigotes' y Crespo parecen en esa conversación muy bien informados de la política internacional. Ambos opinan sobre el futuro político de Richardson, de si su puesto será el de secretario de Estado o el de asesor principal de Obama.
Y, efectivamente, el 3 de diciembre de 2008, medio mes después de esa conversación, Richardson fue nombrado secretario de Comercio por el presidente. Sin embargo, poco después renunció por estar supuestamente implicado en una red de corrupción que favoreció a una empresa. El mismo ilícito que 'El Bigotes' pretendía solicitar en nombre del presidente de la Generalitat valenciana.
La
sombra de 'Gürtel' ya no sólo oscurece a la Comunidad Valenciana y a Madrid. Los documentos desclasificados por el juez Antonio Pedreira salpican a los gobiernos 'populares' de otras dos autonomías, Galicia y Castilla y León. Los informes más embarazosos son, sin duda, las escuchas en las que Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia y hombre de confianza del que fuera hombre fuerte de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña, advierte de que "se puede montar un lío morrocotudo" si aparecen las cuentas del partido.
La conversación intervenida data del 24 de febrero pasado. Es una comunicación en la cárcel entre Crespo,
número dos de la trama Gürtel, y su abogado. El ex dirigente popular advierte a su letrado que en una "caja de seguridad de Pontevedra" está "la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos". Crespo no cree que cuando se descubran esos papeles haya un "problema jurídico muy grave", "salvo lo del ejercicio de 1999".
Si los medios de comunicación publicasen las cuentas del PP gallego ese año, avisa a su abogado, "el lío que se puede montar es morrocotudo". Se muestra inquieto y sabedor del posible ilícito, pregunta a su defensor que "¿cuándo prescriben ese tipo de cosas?". "Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho diez años", explica el abogado, quien, no obstante, advierte a su cliente que una cosa es la caducidad de las irregularidades y otra es que ciertos medios informen de esos delitos aunque estén prescritos.
Otro informe del 13 de marzo de 2009 de la Brigada de Blanqueo de Capitales se hace eco de otros pasajes de ese diálogo. Crespo reconoce en este documento a su letrado que en esos 'papeles' de la contabilidad del PP gallego "hay una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba", y se muestra seguro de que "cuando se levante el secreto del sumario esto va a traer cola".
"Adjudicación amañada"
Los textos 'desclasificados' también ponen el foco en la "adjudicación amañada" de la variante de Olleros de Alba, en León. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal concluye en su atestado del 9 de marzo de 2009 que aquella obra, por valor de más de 2,8 millones de euros, fue adjudicada en 2002 por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a la empresa Teconsa, después de que hubiera una "participación activa de la organización de
Francisco Correa" y de "algún político" para "influir" en la decisión del Gobierno autónomo.
Aquellas presiones, sostiene la UDEF, tuvieron sus frutos y se reflejaron en la contabilidad 'B' de la trama. En poder del contable de la red, José Luis Izquierdo, los investigadores encontraron una carpeta azul y el famoso 'pen drive' que "acreditan" que la trama se llevó por esa intermediación 120.100 euros, que se repartieron entre cinco personas: el propio Correa, el senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y otros tres individuos no identificados en ese atestado que responden a las iniciales T.O., G. y J.
A raíz de aquellas revelaciones, el entonces instructor, Baltasar Garzón, pidió todo tipo de documentos al Gobierno autonómico sobre la adjudicación. La respuesta no figura en la parte que se ha hecho pública del sumario, como tampoco el segundo informe de la UDEF sobre aquel contrato. Ese nuevo atestado, remitido ya al nuevo instructor, Antonio Pedreira, señala al ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano-leonés, el popular Manuel Fernández Santiago. Las investigaciones descubren además conversaciones entre Correa y responsables de Teconsa sobre los trámites para amañar el concurso.