En Italia se oyen voces que hablan de una posible dimisión del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. El motivo es que a su maltrecha imagen política le clavaron ayer otro rejón al ser declarado «corresponsable de la corrupción». Así lo sentenció el juez Raimondo Mesiano, del Tribunal Civil de Milán, al explicar las motivaciones de la sanción de 750 millones que dictó el sábado contra Fininvest -propiedad de 'Il Cavaliere'- por resarcimiento de los daños patrimoniales causados al conglomerado CIR al impedir que se hiciera con el control de la editorial Mondadori, la más importante del país transalpino.

Nada más conocer la decisión judicial, el magnate se declaró «literalmente desconcertado» y agregó que se trata de «una sentencia que está por encima del bien y del mal, ciertamente es una barbaridad jurídica». Pero el malestar de Berlusconi no se quedó ahí y aseguró que «sabemos, de todas formas, que el Gobierno llevará a término su misión quinquenal y no hay nada que podrá traicionar el mandato que los italianos nos han conferido».

El magistrado justificó su decisión de hacer pagar tal elevada cantidad de dinero al grupo de Berlusconi por el «principio de responsabilidad civil de las compañías de capital por el hecho ilícito de su representante legal o administrador cometido en la actividad gestora de la misma sociedad».

Los hechos se remontan a los primeros años 90, cuando Fininvest y CIR, de Carlo de Benedetti, ambos accionistas de Mondadori por entonces, recurrieron a un tribunal para que decidiera quién tenía derecho a quedarse con las acciones de la familia Formenton, herederos del histórico dirigente de la editorial, Arnoldo Mondadori, que daban el control de la empresa. El 20 de junio de 1990 el tribunal decide que el acuerdo al que De Benedetti había llegado con la familia antes de que ésta cambiara de opinión a favor de Berlusconi era el que tenía validez, decisión que fue recurrida posteriormente por Fininvest , a quien un juzgado de Roma dio la razón en 1991. Posteriormente el caso se reabrió ya por la vía penal para averiguar si había habido irregularidad en el proceso y el ex abogado del primer ministro, Cesare Previti, fue condenado en 2007 por el Tribunal Supremo a un año y seis meses de cárcel por sobornar a uno de los jueces que se hicieron cargo del asunto, mientras que Berlusconi salió indemne.

Muchos frentes

Este asunto se ha convertido en un nuevo escándalo que sumar a los muchos frentes que Berlusconi tiene abiertos en Italia y por los que su partido, el gobernante Pueblo de la Libertad (PDL), denuncia una auténtica campaña de acoso y derribo contra el político por la que pretenden manifestarse en la calle. 'Il Messaggero' y 'La Stampa' reproducían ayer declaraciones que el primer ministro ha hecho a sus allegados, en las que confiesa que le dan ganas de abandonar Italia, pero que no tirará la toalla. «Me apetecería irme de Italia y lo haría si no fuera justo eso lo que desean mis enemigos», sentenció el magnate.

Pero no es todo. El cerco que acogota a Berlusconi podría cerrarse un poco más. El Tribunal Constitucional estudiará desde hoy el controvertido Laudo Alfano, la ley aprobada en el Parlamento en el verano de 2008 y que otorga inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado. La alta corte debe ratificar esa norma, después de que su entrada en vigor hace un año detuviera el proceso judicial abierto contra 'Il Cavaliere' por el caso del abogado inglés David Mills, condenado el pasado 17 de febrero a seis años y cuatro meses de cárcel por haber mentido a cambio de dinero en un juicio contra el mandatario. Desde entonces, muchas son las voces que se han alzado contra esa controvertida ley, que llega ahora a su momento decisivo. Su derogación supondría la posibilidad de la imputación de Berlusconi en el proceso por el 'caso Mills'.

El 16 de septiembre, la prensa italiana filtraba el contenido del texto presentado por la Abogacía del Estado ante el Constitucional para exigir, en base a «daños irreparables», que la norma no se derogase ya que en caso contrario «se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producir, incluso, dimisiones». Pero la Fiscalía de Milán considera que el Laudo Alfano es inconstitucional porque viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley y no fue introducido en el ordenamiento con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido por su naturaleza.