05.10.09 -
El río en el que apareció el cadáver tiene una profundidad máxima de metro y medio.
Los centros de menores se han convertido en los últimos años en un gran quebradero de cabeza para la Diputación por los graves conflictos provocados por algunos residentes. El centro Gabriel María de Ibarra, donde estaba interno el joven que hallaron muerto ayer en Orduña, tampoco escapó a esta tensión mientras acogió a inmigrantes. La Administración foral ordenó en marzo de 2004 el cierre de sus instalaciones después de que una decena de internos se amotinaran de madrugada y arrasaran el edificio.
Aunque el titular de Acción Social, Juan María Aburto, siempre desvinculó aquel incidente de su posterior reconversión en un equipamiento para discapacitados intelectuales por la necesidad de crear recursos «más adecuados» para lograr la «integración social de estos jóvenes», estos equipamientos han seguido convulsionando las estructuras de su departamento.
A finales de 2005, un interno de Zabaloetxe de Loiu se fugó del recinto después de incendiar su habitación y obligar a desalojar a todos los compañeros. Sólo un año después, la conflictividad se disparó en el mismo inmueble cuando un residente atacó con un cristal a un educador durante una discusión. El trabajador tuvo que ser operado ese mismo día, ya que tenía dañados tres tendones.
«Trifulcas habituales»
Aquel incidente destapó la «falta de coordinación e información» en la red de centros forales, al descubrirse que el agresor tenía dos causas pendientes en San Sebastián y Santander por otros ataques a educadores y compañeros. Los empleados aseguraron sentirse «indefensos y sin respaldo» y denunciaron que este tipo de trifulcas eran «muy habituales».
Además de reconocer la saturación que padecen muchas residencias, las diputaciones de los tres territorios han tenido que lidiar en numerosas ocasiones con la oposición de los vecinos de los municipios elegidos para sus emplazamientos.
