Isabel Celaá y, detrás, el presidente del Fórum, José Luis Rodríguez, Josu Jon Imaz y el ex consejero Inaxio Oliveri. / IGNACIO PÉREZ
El Departamento de Educación prepara un nuevo procedimiento de matriculación para centralizar todas las solicitudes de modelo A que se recojan tanto en la red pública como en la privada-concertada, con el fin de conocer la demanda real y poder dar respuesta a las peticiones. Este sistema se aplicará a partir del período de preinscripciones del próximo curso y deja abierta la posibilidad de abrir aulas de castellano con menos de 20 alumnos, una circunstancia que no se había contemplado hasta ahora.
En la actualidad, los colegios concertados tienen libertad para elaborar sus proyectos lingüísticos y se encargan de recoger y tramitar las solicitudes. El principal objetivo de la modificación -que la consejera Isabel Celaá anunció ayer durante su intervención en el Fórum Europa- es que las peticiones de enseñanza en castellano que se formalicen en cualquier ventanilla de un centro subvencionado lleguen hasta la Administración, al margen de los modelos que oferte esa escuela o de si existen alumnos suficientes para formar un grupo. La plataforma por la defensa de elección lingüística se queja de que las direcciones hacen desistir a las familias de tramitar sus peticiones de forma oficial al indicarles que no hay oferta de línea A o que no tienen el número necesario de alumnos para abrir un aula.
Con esta mayor transparencia, la consejería podrá controlar de forma más eficaz si los colegios dan una respuesta adecuada a las peticiones. Los técnicos barajan incluso la posibilidad de que los padres hagan la inscripción directamente en la Administración aunque quieran entrar en una escuela privada-subvencionada.
Los cambios no supondrán que todos los alumnos tengan plaza en la escuela elegida. «Trataremos siempre de escolarizar lo más cerca posible del domicilio», comentó ayer Celaá. Apuntó, incluso, que el próximo curso Educación mejorará la oferta de castellano.
El plan de la consejería quiere evitar conflictos como el que ha estallado esta semana. Los padres de la plataforma en defensa del castellano acusaron a Kristau Eskola de no abrir aulas en dos de sus colegios a pesar de tener más de 20 matrículas. La patronal de las escuelas cristianas negó que hubiera niños suficientes para llenar una clase. Detalló que ofreció a los padres que solicitaron modelo A plazas en otros centros de su grupo, o la posibilidad de trasladar su expediente a la consejería para que les asignara una escuela pública.
Buscar el consenso
El área que dirige Isabel Celaá sostiene que no le ha llegado inscripción alguna de línea A de los colegios de Kristau Eskola denunciados por el colectivo de padres. Es más, desde Educación afirman que entraron en contacto con la dirección de la entidad educativa y les negó tener demanda en castellano. Por contra, la plataforma de padres acusa a Kristau de haber «engañado» al departamento.
En medio de la polémica, la patronal de la escuela católica asegura que el colectivo de padres faltaba a la verdad al decir que posee una veintena de inscripciones para abrir aulas en Escolapios de Bilbao y Sagrado Corazón de Vitoria. ¿Quién miente? No es de extrañar que la poca transparencia sobre la demanda de la enseñanza en castellano que ha desvelado este incidente haya animado a la consejería a preparar un sistema que saque a la luz las cifras reales.
En todo caso, Celaá reiteró ayer su propósito de garantizar la libertad de los padres para elegir el idioma de enseñanza de sus hijos. Durante su intervención en el fórum, destacó su apuesta por la enseñanza trilingüe pero subrayó, una vez más, su intención de buscar acuerdos. «Sin un consenso», dijo, «no habrá modificaciones legales en los modelos». «Es un asunto muy serio como para cambiarlo de forma unilateral», insistió.
m.f.vallejo@diario-elcorreo.com
m.f.vallejo@diario-elcorreo.com
