Futura Ley de Seguridad Vial
Tráfico no podrá multar a los conductores que superenhasta en un 10% la velocidad máxima permitida
En la práctica, los conductores podrán circular por las autovías a 132 kilómetros por hora sin ser multados. / MITXEL ATRIO
Los radares de tráfico son máquinas bastante precisas. También los cuentakilómetros de los vehículos. Pero ninguno de ambos dispositivos son infalibles. Radares y velocímetros tienen un margen de error -en torno a un 10%- que se debería considerar a la hora de aplicar las sanciones por exceso de velocidad. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que este desfase sea tenido en cuenta en la modificación de la Ley de Seguridad Vial que se tramita en el Senado.
Lo adelantó ayer el diputado de CiU Jordi Jané. Lo hizo en la clausura de unas jornadas europeas sobre tráfico, junto al director de la DGT, Pere Navarro, y al fiscal jefe de seguridad vial, Bartolomé Vargas. Mientras Vargas propuso que las penas por los delitos de circulación se paguen con trabajos solidarios en favor de los más necesitados, Navarro insistió en su idea de que las multas por exceso de velocidad sean abonadas en el acto.
Si el cambio legal contempla ese margen de error de un 10% en los dispositivos de medición, sería posible circular por una autovía limitada a 120 a 132 kilómetros por hora sin temer una sanción. En la redacción inicial de la ley en trámite se planteaba una tabla de sanciones y velocidades cuya aplicación hacía posible sancionar a los infractores desde el primer kilómetro de exceso. Es decir que, habría multa por circular a 91 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90, lo que no disgustaba a la DGT.
Impunidad
La pena de algunos delitos al volante podrá 'pagarse' con trabajos en favor de la comunidad para la formación y ayuda a los parados. Ésta es la propuesta en la que trabaja la Fiscalía de Seguridad Vial. Según anunció Bartolomé Vargas, los conductores condenados podrían «auxiliar» a los desempleados con programas de reciclaje, cursillos formativos y ayudándoles en la tramitación de diversas gestiones. El ministerio público diseña en la actualidad un plan operativo que permita aumentar el número de plazas para cumplir las sentencias por delitos de tráfico con estos trabajos solidarios. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, admitió recientemente que el 84% de las condenas no se están ejecutando, y existe el riesgo de que prescriban.
Vargas alertó también sobre el incremento de las infracciones cometidas por extranjeros. El 5% de todas las sanciones de circulación impuestas en la UE son atribuidas a conductores que se encuentran fuera de su país, y un tercio de esta «delincuencia transfronteriza» son excesos de velocidad. El resto de multas más comunes son debidas a la manipulación de tacógrafos en autobuses y camiones y la conducción temeraria y sin permiso. Unos delitos que se cometen, según el fiscal de seguridad vial, al amparo de «una sensación de impunidad» ya que los automovilistas fuera de su país de origen «creen que tiene menos posibilidades de ser sancionados».
Problema añadido es el cobro de estas multas, ya que muchas veces resulta imposible ante el complejo trámite burocrático y la falta de conexión entre los sistemas informáticos de los diferentes países. Para agilizar los trámites, Vargas propone llegar a «fórmulas de entendimiento de validez general» mediante la creación de un 'Foro Europeo de Seguridad Vial' que propondrá la próxima presidencia española de la UE y que integrarán jueces y fiscales.
Por su parte, el máximo responsable de Tráfico reconoció que cuando la sanción se aplica a través de un radar, sin parar al conductor, el cobro se hace más difícil. La propuesta de Pere Navarro es sencilla: cuando se dé el alto a un vehículo infractor debe pagar «o no podrá seguir». Navarro baraja desde hace tiempo esta posibilidad de abono inmediato o inmovilización, que exigiría dotar a todas las patrullas de un datáfono capaz de leer tarjetas de crédito. Los conductores que pagasen en el momento se beneficiarían de descuentos de hasta el 40%.
