POLÍTICA
Los límites que afectan a la actuación de las instituciones vascas frente a la crisis son la representación a escala de los problemas que atenazan al Gobierno central
05.09.09 -
El Gobierno vasco dará realmente inicio al curso político y a su propia andadura cuando, en la reunión del Consejo del próximo martes 8, proceda a aprobar las medidas para paliar los efectos de la crisis y procurar una pronta recuperación de la economía en Euskadi. El problema al que se enfrentará de entrada es que dichas medidas serán inevitablemente limitadas.
Aunque, a diferencia de las que promueve Rodríguez Zapatero, las de Patxi López cuenten con el apoyo más o menos distante del PP de Basagoiti, los grupos de la oposición no tardarán en considerarlas insuficientes e incluso inconsistentes. La cuestión es que llevarán razón, no en demérito de la gestión socialista del Gobierno vasco, sino porque ni la disponibilidad presupuestaria, ni la potestad de intervención pública en la economía ni la propia naturaleza de la crisis permiten brillar en este terreno. Los límites que afectan a la actuación de las instituciones vascas frente a la crisis no son más que la representación a escala de los problemas que atenazan al Gobierno central. Pero la actitud del Ejecutivo de Patxi López no tiene por qué ser un calco de la mostrada por Rodríguez Zapatero.
El poder político tiene la obligación de dar una respuesta a los retos que a la economía y a la sociedad le plantea la crisis. Pero, sobre todo, tiene el deber de actuar con la verdad por delante, renunciando a incurrir en la adopción de medidas cuya eficacia parezca cuestionable o cuya dirección no responda a los objetivos que se pregonan. La contracción recaudatoria y en las cotizaciones invita a concentrar los esfuerzos, no a dispersarlos.
Una acción simultánea en todos los frentes proyecta, a primera vista, la sensación de que hay un Gobierno decidido y dispuesto a actuar. Pero cuando el dinero público escasea, esa acción acaba tapando momentáneamente agujeros que en poco tiempo vuelven a quedar a la vista. Y, sobre todo, produce el efecto de que tal Gobierno no es tomado demasiado en serio por quienes realmente pueden contribuir a la mejora de la situación.
Con los fondos que los Presupuestos públicos dispondrán en los dos o tres próximos ejercicios parece imposible acometer, a la vez, una ampliación duradera de la cobertura del paro y la exclusión, iniciativas tendentes a generar empleo sea en el sector o la actividad que sea, y esfuerzos institucionales capaces de contribuir sustancialmente a un cambio en el patrón de crecimiento. Fijémonos por un momento en lo que ha ocurrido con la ayuda de los 420 euros. Se trata de una medida que podrá desahogar la precaria situación de numerosas personas durante un tiempo; pero más difícil resulta imaginar cómo puede favorecer su inserción laboral. Se trata de una medida cuya aplicación ha acabado retrotrayéndose al 1 de enero del presente año a demanda de los sindicatos y con el respaldo ineludible de todas las fuerzas políticas, simplemente porque una vez entrada en vigor nadie se atreve a cuestionar su extensión.
A cuenta de los 420 euros se ha suscitado un debate que, por momentos, ha respondido más a la demagogia que a la búsqueda de soluciones reales a la caída de la recaudación. La máxima 'robinhoodiana' de que la situación de los más necesitados demanda que el Estado incremente la presión fiscal sobre las rentas más altas, de aplicarse sin otra consideración, acarrearía más perjuicios que beneficios para la economía en general y para los trabajadores sin empleo en particular. Seguramente por eso el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha matizado sus intenciones y tendrá que medir muy bien sus pasos a la hora de concretar en los Presupuestos generales los cambios fiscales anunciados.
El Gobierno sabe que sólo podría acometer un aumento puntual y temporal de la carga impositiva sobre las rentas del capital sin que ello afecte negativamente al momento económico; y que lo que se recaude por tal concepto no aliviará de manera ostensible las penurias del erario. Al final, lo único que parece claro es que toda nueva actuación de las instituciones públicas deberá sostenerse recortando el gasto actual en una cuantía notoriamente mayor que la que suponga esa nueva actuación.
Las instituciones vascas no han hecho un uso especialmente creativo de nuestra autonomía fiscal. Además, es de suponer que las normas forales serán más proclives a mantener la actual realidad impositiva que a modificarla a riesgo de que ello provoque algún quebranto recaudatorio. Por otra parte, resulta difícil idear una cobertura frente a la exclusión mucho más solidaria y eficaz que la que hoy prestan las instituciones vascas. Por lo que el verdadero reto al que se enfrenta el Gobierno de Patxi López el próximo martes, en el marco de sus competencias, es garantizar sin incrementos el mantenimiento de las coberturas y de la amplia red de servicios y detraer, mediante recortes en la inercia presupuestaria, los fondos necesarios para activar la economía vasca en términos de innovación y competitividad con resultados a corto plazo que no tengan que esperar a la aplicación de la 'Ley de economía sostenible'.
