Estoy de acuerdo con quienes sostienen que el eje estratégico de la lucha contra ETA pasa por romper o debilitar el cordón umbilical que la une con su entorno social y político, que lo alimenta y ayuda a reproducirse. A medio o largo plazo esta línea de actuación resulta más relevante que otras aparentemente más impactantes y de mayor calado. Aspirar a un escenario de terrorismo sin entorno o con uno muy limitado es imprescindible. El problema reside en cómo actuar para conseguir el referido escenario.

Es cierto que existe gente, particularmente identificada con la izquierda abertzale pero también en algunos otros sectores nacionalistas, que niegan tal posibilidad. Sostienen que la violencia es consecuencia inexorable del conflicto y que, por consiguiente, ETA es la consecuencia natural del entorno político y social. Para ellos es imposible, en términos de confrontación, acabar con ETA si no se elimina el entorno. Curiosamente coinciden, aunque con enfoques y objetivos bien distintos, con sectores de la derecha e izquierda española que concluyen que para terminar de resolver el problema de ETA es preciso simultáneamente acabar política, civil y penalmente con el llamado 'entorno del terrorismo'.

Son dos planteamientos extremos que se retroalimentan como si existiera entre ellos también un doble orden umbilical. Y descartado el terreno de juego que formulan, es necesario precisar unas cuantas cuestiones si se quiere avanzar en la deslegitimación integral de la violencia. En primer lugar, es importante que las formaciones políticas tengan claro que la responsabilidad principal de la resolución de la violencia de ETA reside en esta organización y subsidiariamente en la izquierda abertzale que la justifica. Es decir, que la pelota está en su tejado. En segundo lugar, hay que acotar políticamente el llamado entorno del terrorismo. Debe quedar claro que el nacionalismo de raíz democrática e institucional ni forma ni ha formado parte de él. En tercer lugar, resulta fundamental interiorizar que la marginalización de la violencia y de su entorno debe ser principalmente una tarea política, social, ideológica y cultural más que penal, prohibitiva o limitadora de derechos básicos. No planteo descartar la vía punitiva ni la judicial. Ese ámbito de intervención es imprescindible y deberá tener su sitio como ultima ratio del Estado de Derecho.

Lo que se formula es que en una estrategia de deslegitimación integral de la violencia, el papel significativo debe recaer en los agentes políticos, sociales e institucionales, mucho más que en los jueces y en la policía, aunque resulte más incómoda. Por eso mismo es también menos espectacular, pero mucho más eficaz y consistente. Las actuaciones no deben contribuir a dar solidez -o engordar- al entorno de la violencia y darle una identidad como entidad agredida y reprimida.

Por último, la deslegitimación de la violencia requiere de la unidad de las formaciones democráticas. Lo que ha sucedido este verano produce más preocupación que satisfacción. Se está mezclando el reproche político con el penal. El protagonismo está siendo de orden policial más que político y social. Y además, pienso que el 'entorno' no se ha reducido. Se ha extendido entre ellos una red de solidaridad que en ningún caso les lleva a efectuar un balance negativo. Al contrario, piensan, con acierto, que han recuperado el protagonismo político que habían perdido. Es indispensable que los líderes políticos alcancen un mínimo de unidad en esta materia.