Zapatero rectifica y se plantea extender a más parados la ayuda de 420 euros

Apenas 48 horas. Es el tiempo que al Gobierno le ha costado reaccionar ante la indignación que generó entre parados, sindicatos y oposición su decisión de limitar a quienes perdieron la cobertura desde el pasado 1 de agosto la ayuda mensual de 420 euros, lo que deja fuera a la mayoría de los desempleados. Ayer, el presidente Zapatero se mostró dispuesto a modificar el decreto que fija las condiciones para recibir la prestación una vez evalúe la situación con las centrales. Luego, analizará con las comunidades autónomas su contribución a la iniciativa.

El 'mea culpa' del Ejecutivo se oficializó en tres actos. A primera hora, el responsable de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, pidió subsanar «de inmediato» los «errores» derivados de «problemas de información». Poco después del mediodía, el ministro de Fomento, José Blanco, dio un paso más al anunciar que, ante la «inquietud generada», el Gobierno iba a ofrecer en unas horas «una respuesta positiva». Y así fue. Poco antes de los telediarios de mediodía, José Luis Rodríguez Zapatero hizo un alto en su visita a los Jameos del Agua, en Lanzarote, para anunciar que está dispuesto a modificar las características de la polémica ayuda.

El jefe del Ejecutivo, vestido de manera informal , dijo que habrá en breve una reunión con los sindicatos para analizar la puesta en marcha de la ayuda y si los términos fijados por la Administración para percibirla son los «adecuados». En «función de eso, si hay que hacer alguna modificación, la haremos», ya que «estamos dispuestos a contemplar todos los supuestos». «La sensibilidad social y las necesidades de las familias es lo que más cuenta para este Gobierno y para mí», agregó, dejando así abierta la puerta a cambiar el extremo más cuestionado de la iniciativa, la fecha del inicio del subsidio, sobre la que quiere llegar a un «consenso social».

Zapatero no fue más concreto, salvo apostillar que su intención es «hacer más eficaz la prestación» para que «abarque al número de personas que lo pueda necesitar» y declararse consciente de la dificultad que implica fijar el comienzo de una ayuda nueva y de carácter extraordinario como ésta, ya que siempre surge la duda «de dónde se pone el inicio».

Con las autonomías

Aunque el Gobierno dijo el pasado jueves, tras alumbrar el decreto, que se beneficiarían de los 420 euros durante un período de seis meses 340.000 parados -10.000 en Euskadi-, el presidente optó ayer por la cautela y comentó que «aún no podemos determinar» cuántos serán los perceptores. Según datos oficiales, hay más de 1,2 millones de personas demandantes de empleo que no reciben prestaciones de ningún tipo; y CC OO cifró en 570.000 los parados sin acceso a las ayudas extraordinarias.

El líder socialista anunció también que, además de la reunión con los sindicatos, el próximo 26 de agosto se celebrará un encuentro con las autonomías en el que el Gobierno les pedirá su ayuda para poner en marcha una ayuda que, enfatizó, es inédita en la democracia española y supone un nuevo paso en lo que «va a ser el período de mayor protección y formación ante el desempleo».

En este contexto, consideró «injustas» las críticas de aquellos -por el PP- «que no han propuesto nada para desempleados y que quieren recortar subsidios y ayudas públicas» y ahora han puesto «el grito en los cielos». Sería «desenfocado que una medida de gran calado social y esfuerzo económico (642 millones de euros) fuera evaluada únicamente por el período de entrada en vigor», zanjó.

Los populares contestaron a la invectiva presidencial a través de su vicesecretario de comunicación. Esteban González Pons acusó a Zapatero de volver a «hacerse publicidad» a costa del millón de «víctimas del paro», a las que «engañó» al excluirles de las ayudas y que «lo último que esperaban» ver «es que su presidente, moreno desde una playa, les dé una palmadita en la espalda y les mande una postal y recuerdos, porque no se ha comprometido a nada».

Los directamente interpelados por Zapatero, los sindicatos, reaccionaron con una mezcla de satisfacción por haber forzado al Gobierno a escucharles y prudencia a la hora de pronunciarse antes de conocer las modificaciones que esté dispuesto a introducir el Ejecutivo, que podría modificar en el Parlamento -a través del debate de tramitación del real decreto como proyecto de ley- la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros de la pasada semana.

En el caso de UGT, Toni Ferrer valoró desde Madrid la «rapidez» de la reacción gubernamental ante el aluvión de críticas; y desde Euskadi, Felipe García avanzó que la central, que pide que la medida sea retroactiva desde el 1 de enero, reclamará al lehendakari López un suplemento que mejore la prestación «porque 420 euros al mes no llegan para vivir».

La dirigente de CC OO Paloma López incidió también en «la ampliación de las condiciones de retroactividad», ya que «cuanto más atrás se vaya, mejor». La central considera que la ayuda debería durar un año y no seis meses, para no dejar fuera a tantos parados.