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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Vizcaya

rechazada la recalificación

Anula las licencias porque los terrenos gozaban de una especial protección paisajística

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El Supremo ilegaliza una urbanización de doce chalés de lujo en Barrika
Doce chalés de Muriola están ya habitados. / PEDRO URRESTI
La sección quinta de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha puesto punto y final a una larga batalla judicial en torno a una recalificación ilegal en Barrika. La sentencia, redactada el 3 de julio y notificada el día 20, desestima el recurso de casación interpuesto por la Diputación, el Ayuntamiento y las mercantiles Abandonada Muriola e Inversiones Muriola contra una sentencia dictada el 29 de noviembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Este último fallo anuló dos órdenes forales que cambiaban la calificación del suelo a urbanizable de un total de 19 hectáreas de las áreas de Muriola y de San Telmo, declaradas de especial protección paisajística por el Gobierno vasco en 1987. Así, se daba luz verde a la construcción de 85 chalés de lujo y 12 viviendas de VPO en la zona. De los unifamiliares, doce ya están construidos y habitados, pero pasan a ser ilegales tras el fallo.
La asociación ecologista local Txipio Bai denunció la presión urbanística sobre esta zona protegida hace varios años, temiendo un nuevo 'caso Argoños'. El expediente llegó por primera vez a manos del Tribunal Superior en 2001. El órgano judicial anuló la recalificación de la zona, pero la Diputación impugnó el fallo y el Superior aceptó su recurso. Los ecologistas volvieron a dirigirse al alto tribunal, que les dio la razón en noviembre de 2004, tras comprobar informes del Ejecutivo que ponían de manifiesto el alto valor medioambiental del área. Poco tiempo después, la Diputación y el Consistorio decidieron apelar al Supremo, que ha fallado ahora a favor de los conservacionistas. La sentencia, que sienta jurisprudencia y es firme, desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por los recurrentes para defender la legalidad de la recalificación. Además, ambas instituciones y las mercantiles deberán pagar las costas judiciales.
«Altas» indemnizaciones
La recalificación pretendía dar un soporte legal para levantar 97 viviendas en la zona, 85 chalés de lujo y doce pisos de protección oficial. Sólo doce están construidos, pero los ecologistas calculan que la Diputación y el Ayuntamiento deberán indemnizar, no sólo a los dueños de las casas construidas, sino a los promotores de la urbanización y a todos los que compraron el terreno con licencia. Las compensaciones a las familias que ya habitan en la zona podrían superar los 24 millones de euros, aunque los ecologistas ya advirtieron en una ocasión de que podrían alcanzar los 500 millones para el total de afectados.
La asociación Txipio Bai denunció que el Ayuntamiento de Barrika «llegó a hacer de intermediario tramitando en sus oficinas una lista de interesados en adquirir una parcela». En junio del 2005, afirman, un propietario solicitó una licencia para construir su casa en la zona, aunque el Superior ya había anulado la recalificación. El pleno autorizó el permiso, pero el acuerdo incluyó trasladar al propietario un escrito para que «asumiera las consecuencias de una hipotética sentencia confirmatoria por parte del Tribunal Supremo». Un mes después, el pleno aprobó por unanimidad la suspensión temporal de las licencias de edificación o de reformas importantes en la zona de Barrikabaso.
Los planes para edificar en el área se remontan a 1987, cuando se quisieron construir 349 chalés en 60 hectáreas del acantilado. Entonces el Gobierno vasco declaró la zona de especial protección paisajística. Pese a estos informes vinculantes, el Ayuntamiento firmó en 1990 un convenio con la Diputación y el propietario, que preveía construir chalés, un hotel y hasta un campo de golf. De nuevo, Medio Ambiente rechazó el plan y el Ayuntamiento reculó. Pero en 1997, el Consistorio aprobó otra recalificación en la zona, limitándola a dos parcelas de 19 hectáreas situadas en los extremos. Ahora, el Supremo ha zanjado la cuestión, pero se desconoce aún el alcance económico de su decisión.
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