ACUSADO UN EDIL DEL PSE
El equipo de gobierno rechaza la supuesta adjudicación irregular de cinco pisos protegidos a personas del entorno del concejal de Urbanismo, destapada por el PNV
Siete años después de su planificación, la extensión urbanística de Barakaldo hacia el barrio de La Siebe sigue siendo objeto de polémica. La última ha empañado incluso la imagen del propio concejal de Urbanismo. Y es que cinco allegados de Jesús María González Suances habitan otras tantas viviendas de protección local edificadas en el sector para destinarlas, en principio, a realojos. Harto de controversias, el alcalde, Tontxu Rodríguez, anunció ayer la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La comisión encargada de las pesquisas, en la que estarán representados los cinco partidos con presencia en el Ayuntamiento, no sólo estudiará la concesión de las viviendas protegidas para aclarar el presunto caso de favores, sino que abordará también la situación de las casi veinte familias que quedan por realojar, por qué no se ha derribado aún el poblado de casetas prefabricadas que durante años han habitado, o si éste se ubica a o no en terreno urbanizable. «No tenemos nada que ocultar y vamos a desmentir de una vez los infundios malintencionados», aclaró el regidor socialista.
Antes, el edil de Urbanismo negó las acusaciones vertidas contra su persona y las calificó como un «mero ruido mediático» tras el que situó al PNV. Según explicó, los más de 200 pisos edificados en La Siebe son protegidos, pero de venta libre. «Como otros muchos que se han construido en Retuerto, Ansio y San Vicente». En esta línea, el concejal admitió que su hija ocupa uno de ellos, pero aclaró que lo compró de forma legal, «cumpliendo con todos los requisitos que fija la ley».
González Suances no quiso pronunciarse, sin embargo, sobre la situación de sus otros cuatro supuestos allegados, entre los que figuran un escolta, dos familiares de personas de confianza que trabajan junto a él en el Consistorio y un concejal socialista de otra localidad vizcaína. «No me compete a mí comprobar si las más de 2.000 personas que se han hecho con una vivienda protegida en Barakaldo en los últimos años cumplen con todos los requisitos, ni determinar si son conocidos de éste o aquél», defendió.
El edil sí avanzó que entre los adjudicatarios de distintas viviendas protegidas hay «también afiliados de otros partidos», pero lo definió como lógico y, «por respeto», no quiso entrar en el juego de hacer públicas sus identidades. Porque en su opinión, el hecho de dar a conocer el domicilio de un cargo público y de un guardaespaldas «no es más que una temeridad». «Parece que a algunos se les ha olvidado el país en el que vivimos», denunció.
Al juzgado
El caso de La Siebe se remonta a 2002, cuando el Ayuntamiento adjudicó a la promotora Bruesa un ambicioso proyecto para construir medio millar de viviendas, casi la mitad protegidas y una buena parte de ellas destinadas a los antiguos residentes del enclave. Más de cuarenta de estos últimos vecinos han sido ya reubicados en los nuevos bloques y otros veinte están a la espera de sus chalés protegidos, que culminarán «en septiembre u octubre». La polémica se mantiene en torno a dos familias sin derecho de realojo.
Entretanto, los afectados se han manifestado en varias ocasiones para denunciar el incumplimiento del contrato con Bruesa y exigir la mediación del Consistorio, que casi siempre se ha negado. «Si consideran que existe alguna infracción que la denuncien en los juzgados», zanjó González Suances, «harto de que algunos intenten crear problemas donde no existen». Según aclaró, «estamos ante un problema mediático y de intereses políticos, nada más».
