ECONOMÍA | deuda
El diputado de Hacienda destaca la relevancia de la cuantía y exige al Gobierno central que evite las«maniobras dilatorias»
. José Luis Cimiano, diputado de Hacienda. /I. ONANDIA
La Diputación de Álava advirtió ayer de que no ejercerá de convidado de piedra en el conflicto recaudatorio que tiene abierto con el Gobierno central, que le adeuda 456 millones del IVA de diversas operaciones de importación de vehículos efectuadas por la firma MG Rover entre 1991 y 2005. El diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, aseguró que, de confirmarse la intención de la Agencia Tributaria de no ejercer el pago hasta que el Supremo se posicione, el Ejecutivo foral exigirá los intereses que se generan en la demora de la transacción.
Como avanzó ayer EL CORREO, Cimiano y su director, Josu Zubiaga, se reunieron el miércoles el Ministerio de Hacienda con el secretario de Estado del ramo, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. En la cita, los representantes gubernamentales adelantaron la intención del Gabinete Zapatero de reclamar ante el Supremo el fallo del Tribunal de Arbitraje del Concierto Económico -tienen de plazo hasta el 26 de septiembre-. Y, lo que es más importante, aseguraron que supeditarán el pago a lo que dicte el Alto Tribunal. Es decir, que no lo abonarán ahora, como se venía haciendo, y pedirán la suspensión cautelar del pago, dado lo elevado de la deuda en litigio.
Como advirtió ayer Cimiano, «no se entendería que ahora el Estado judicializara el asunto y no abonara la cuantía de una resolución ejecutiva que, tal y como ha indicado la Junta Arbitral, corresponde a la Diputación alavesa». En realidad, a las Administraciones vascas, porque de los 76.000 millones de las extintas pesetas que estipula el fallo, el 70% irá a parar al Gobierno vasco y el resto a las diputaciones.
«Lo primero, pagar»
Cimiano, en este sentido, recordó que en aquellos casos en los que ha salido beneficiado el Gobierno central frente a las diputaciones, éstas han abonado la cantidad de la disputa antes de recurrir al Supremo. Vizcaya, por ejemplo, ha llegado a pagar hasta 40 millones, una cifra que en proporción «tiene más impacto para Euskadi que los 456 para el Estado. De ahí que el diputado nacionalista pidiera al Gabinete de Zapatero que evite las «maniobras dilatorias» en este polémico asunto.
El devenir de los acontecimientos ha puesto en duda el verdadero papel de la Junta Arbitral, un órgano independiente creado por las administraciones vasca y central para resolver discrepancias referidas a la fiscalidad del Concierto. Integrado por tres catedráticos de prestigio, empezó a dirimir asuntos en abril del pasado año. Todos, salvo alguna excepción, han sido recurridos ante el Supremo.
Diferentes expertos consultados por este periódico, como el jurista Carlos Uncetabarrenechea, director de Deloitte en el País Vasco y Navarra, sugieren dotar a la Junta de un mayor «blindaje» para que sus decisiones tengan mayor empaque para las partes. Respecto a la decisión de abonar o no la cuantía de la resolución, recuerda que en Derecho, «primero pagas y luego, recurres».
