INFORME SOBRE ATENCIÓN INSTITUCIONAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Iñigo Lamarca denuncia que no existen «fronteras ideológicas» y que cualquiera está «potencialmente amenazado» por ETA
El Ararteko, Iñigo Lamarca, entrega el informe a la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga. / EFE
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El Ararteko, Iñigo Lamarca, realizó ayer una estremecedora radiografía de la violencia terrorista en el País Vasco, que habla de más de mil personas asesinadas y 42.000 que sufren «en este momento» amenazas, extorsiones o coacciones de ETA. Con los datos en la mano, el temor que expresó el Defensor del Pueblo en Euskadi es que, a día de hoy, «no hay fronteras ideológicas» y que cualquiera está «potencialmente amenazado».
Lamarca presentó el informe sobre Atención Institucional a las Víctimas del terrorismo que, por primera vez, ha elaborado la institución del Ararteko y que entregó a la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga. El estudio pretende reflejar la respuesta que las administraciones públicas y la ciudadanía ha concedido a «todas las víctimas de todos los grupos terroristas que han operado u operan en el País Vasco», dándole un mayor protagonismo a ETA «por el número de víctimas que ha producido y por ser el único que en la actualidad permanece en activo».
Pero sin olvidarse, añadió, «de la realidad de las víctimas del terrorismo practicado por los grupos incontrolados de extrema derecha, extrema izquierda o el GAL». Una línea que hace quince días ya marcó la directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, que anunció la puesta en marcha durante esta legislatura de una política «integral» que no deje al margen a ningún damnificado por la sinrazón de la violencia.
En este contexto, el Ararteko cifró en 42.000 las personas que sufren hoy la violencia de persecución, pertenecientes a numerosos colectivos. Las amenazas y coacciones terroristas, según el informe, existen desde hace muchos años, pero el número de personas que las experimentan se incrementó cuando ETA puso en marcha la llamada «socialización del sufrimiento»: desde miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -incluyendo después a ertzainas-, militares y empresarios que no ceden al chantaje, a cargos políticos no nacionalistas, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, intelectuales, artistas, profesores, periodistas..., que expresan su crítica a ETA.
«Escalofriante»
Por este motivo, afirma el documento, «muchas personas se han marchado del País Vasco». Esta dramática situación sufrió otra vuelta de tuerca tras el asesinato, el 7 de marzo de 2008, del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco. Desde entonces, la amenaza a los concejales se extiende en el tiempo aunque dejen de serlo. En las elecciones del 27 de mayo de 2007, se eligieron 339 ediles del PSE y 184 del PP que deben vivir escoltados por más de mil agentes. Unos cien millones de euros son destinados cada año por el Ministerio del Interior para protección, incrementándose, desde 2004, la partida destinada a la salvaguarda de la vida de los cargos públicos en Euskadi.
Con este panorama, Lamarca calificó de «escalofriante» el número de personas afectadas, al tiempo que denunció esta «dinámica infernal de hacer cada vez más expansivo el terror», al no existir «fronteras ideológicas ni personales». «Fuera de sus apoyos incondicionales, todos podemos estar en un futuro potencialmente amenazados por ETA». Por ello, alertó de que la amenaza de la banda armada «nos concierne a todos».
Como antídoto contra ETA, invitó a que se siga trabajando «unidos» en el respeto a los Derechos Humanos hasta llegar al 100% de la sociedad, porque ése será el momento en el que la organización terrorista desaparecerá. «ETA se diluirá en el sistema de valores democrático», pronosticó.
