MUNDO
La historia reciente de Honduras se escribe a golpe de intervenciones
militares para imponer gobiernos cercanos a Estados Unidos
05.07.09 -
El general Romeo Vásquez se dispone a abrazar a Micheletti en Tegucigalpa. / AP
Hace casi medio siglo, el presidente de Honduras, acusado de violar la Constitución y de permitir una presunta «infiltración comunista», fue sorprendido de madrugada por las Fuerzas Armadas y trasladado a Costa Rica. Fue en 1963. Parece que el tiempo no hubiera pasado en este país centroamericano con una democracia frágil. Cuarenta y seis años más tarde, Manuel Zelaya fue depuesto con similares argumentos y trasladado por los uniformados al mismo país vecino, el único sin Ejército en todo el continente, pero que así y todo no puede sustraerse de la inestabilidad que periódicamente sacude la región.
En 1963 dirigía el Gobierno el médico Ramón Villeda Morales, un liberal reformista elegido a finales de los cincuenta, que estaba lejos del comunismo pero que avanzó en una serie de reformas a favor de campesinos y trabajadores: la seguridad social, un código de trabajo y una tímida reforma agraria. No conformes con su derrocamiento, los militares suspendieron las elecciones que iban a realizarse ese mismo mes y se llevaron también a Costa Rica al favorito, Modesto Rodas Álvarez, que en plena campaña había prometido «poner en su lugar» a los uniformados y avanzar en las reformas sociales.
Los golpistas abolieron la Constitución que habían prometido defender y se quedaron con la presidencia. El golpe fue sangriento. El cabecilla del nuevo régimen fue el general Oswaldo López Arellano, que gobernó con un Gabinete de civiles. Al principio, la dictadura fue rechazada por Washington, pero al año reconoció al nuevo Gobierno. Honduras era entonces el estereotipo de 'república bananera', como se llamaba a los países productores de fruta de Centroamérica y el Caribe con ejecutivos corruptos, sometidos a los intereses de empresas de países ricos. Exportaba principalmente plátanos y las plantaciones eran controladas por firmas de Estados Unidos.
Supervisión castrense
La sociedad se constituía por una inmensa mayoría de campesinos, una élite adinerada de terratenientes y militares, y una minúscula clase media. Los gobiernos civiles, si existían, eran supervisados por las Fuerzas Armadas, que elegían al ministro de Defensa y velaban por intereses ajenos.
Poco ha cambiado desde entonces, más allá de algunas transformaciones cosméticas. En 1982 los golpes habían cesado, pero no así la influencia del Ejército sobre los gobiernos, siempre con Estados Unidos detrás, amparado en un acuerdo de cooperación militar firmado a finales de los cincuenta. Ya en los ochenta, cuando Centroamérica se convulsionaba por movimientos izquierdistas con posibilidad de acceder al poder, el Pentágono incluso puso un pie en Honduras gracias a la base aérea de Soto Cano, aún abierta.
Esta semana, la Administración de Barack Obama dictaminó una pausa en la cooperación militar, pero allí siguen desplegados unos seiscientos militares estadounidenses, siempre prestos a realizar prácticas conjuntas con sus camaradas hondureños.
La base fue construida durante el Gobierno de Roberto Suazo Córdoba (1982-86), un presidente que, persuadido por Washington, permitió que el territorio se utilizara como campo de maniobras de los opositores a la Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza.
En ese período, el embajador de Washington en Tegucigalpa era John Negroponte, que no sólo monitoreaba las operaciones de la 'contra'. También fue acusado de promover la creación de un batallón en Honduras que secuestró, torturó y asesinó a centenares de 'izquierdistas' de Nicaragua y El Salvador. Negroponte fue posteriormente subsecretario de estado con George W. Bush.
