les cargará los gastos a los ayuntamientos
El Gobierno vasco está dispuesto a asumir la retirada de cualquier pintada o cartel de apoyo a ETA o a sus presos, si algún ayuntamiento se niega a tomar esta medida. No será, sin embargo, gratis. El Ejecutivo pasaría después los gastos de la limpieza al consistorio afectado. Así lo anunció ayer el consejero de Interior, Rodolfo Ares, que aludió de forma directa al caso de Lekeitio. Este departamento ha instado a los responsables municipales de la localidad vizcaína para que limpien varias inscripciones descubiertas el pasado viernes con el anagrama de ETA y alusiones a varios militantes etarras. El equipo de gobierno, del PNV, respondió el pasado miércoles que, desde 2003, han destinado una «una ingente cantidad de recursos» para eliminar pintadas y sugirió a los responsables de la Policía autonómica que destinaran «más medios» para que no se registraran este tipo de actos vandálicos.
Ares quiso zanjar la polémica y aseguró que, ante la negativa de cualquier Consistorio, será el Gobierno vasco el que se encargará de quitar la simbología terrorista de las calles, aunque pasarán la factura. «Que no se preocupen. Si ellos no las retiran, nosotros las retiraremos, pero en todo caso, cargaremos el coste de la limpieza que es lo que corresponde» a los ayuntamientos, subrayó el consejero. «Excusas no voy a aceptar», insistió.
El titular de la cartera de Interior, entrevistado en Radio Euskadi, recalcó su compromiso de «cumplir la Ley de Víctimas» y hacer desaparecer todo tipo de cartelería, murales e iconografía relacionados con ETA. En las últimas horas, agentes de la Ertzaintza han aplicado esta orden en diferentes herriko tabernas en el Casco Viejo de Bilbao y en el centro de Arrigorriaga. En ambos casos, además de borrar varias pintadas de la fachada exterior se han quitado carteles y fotos en favor de los presos colgadas en el interior de las sedes de la izquierda radical. Los policías identificaron a cuatro responsables del local en la capital vizcaína y a uno del de Arrigorriaga. Todos ellos han sido acusados de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, agravado en el caso de Bilbao porque los implicados se negaron a retirar la cartelería.
Ares aseguró que, en todo caso, el Gobierno cuidará «la seguridad» de quienes tienen que retirarlos, «reclamando o exigiendo la colaboración de los ayuntamientos para que actúen». Y, en este sentido, puso como ejemplo la experiencia del municipio guipuzcoano de Mondragón, donde la alcaldesa de ANV, Inocencia Galparsoro, acató la orden de retirar varios carteles de presos la pasada semana.
«Ella cumplió el requerimiento -aseguró- después de que le dijéramos que si no lo cumplía en 24 horas, lo haríamos nosotros». «No habrá ningún espacio de impunidad ni para carteles ni para pintadas ni para actos que vulneren la ley», zanjó el máximo responsable de las fuerzas de seguridad vascas.
