investigación en osakidetza
Entre otras irregularidades, multiplicó pordiez el valor de un servicio para favorecer a una firma del ex jefe de Calidad de Cruces
El Gobierno vasco ha detectado «graves irregularidades» en la adjudicación de contratos realizada por la anterior consejería de Sanidad, dirigida por Gabriel Inclán, y que habrían supuesto un millonario «perjuicio económico» a las arcas públicas durante la última década. La investigación realizada por el actual equipo de Rafael Bengoa ha destapado el pago de «sobrecostes excesivos y no justificados» en las tarifas abonadas a varias empresas privadas en las que tenían intereses un alto cargo de Sanidad y otros dos médicos, a los que ya se ha abierto expediente. El departamento llegó a multiplicar en sólo dos años el precio original de un servicio «por 10 ó 15 veces» y pasó de entregar 212.800 euros a 2,7 millones por una misma prestación.
El actual consejero, Rafael Bengoa, presentó ayer los resultados de la investigación administrativa que ha sacado a la luz un entramado cuyo principal beneficiado es José Carlos Margüello, ex jefe de Calidad del hospital de Cruces, que fue apartado del cargo al poco de conocerse las irregularidades (su plaza ya ha salido a concurso). También se han visto salpicados otros dos médicos, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga. Los tres son socios y dos -Margüello entre ellos- apoderados de las empresas Medical Dom, Recard 2000, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Rehabilidom y la unión temporal de empresas (UTE) Gestión XXI-Clínica Indautxu y Rehabilidom.
Todas estas compañías fueron subcontratadas entre 1997 y 2008 por Osakidetza para prestar la atención urgente domiciliaria en los tres territorios o la derivación de pacientes incluidos en listas de espera quirúrgica y ambulatoria de Vizcaya. El informe revela que el anterior responsable de Sanidad, el peneuvista Gabriel Inclán, dio el visto bueno al aumento anual del 19% en las tarifas pagadas a Medical Dom, empresa fundada por Margüello y en la que figura como apoderado solidario. Un desproporcionado incremento que, además, contaba con el dictamen contrario de la Oficina de Control Económico (OCE) por considerarlo «no justificado».
La investigación también ha puesto de manifiesto, según explicó Bengoa, que el equipo de su antecesor se 'saltó' algunos procedimientos obligatorios en la firma de contratos entre las Administración pública y la empresa privada, como es el caso de las declaraciones de capacidad y compatibilidad o el preceptivo informe de la OCE, que falta en numerosas adjudicaciones. Pero el caso más llamativo es el aumento de un 48% en las tarifas cobradas en 2007 por Medical Dom para prestar la atención domiciliaria urgente en Vitoria e Iruña de Oca.
Otros puntos oscuros en la gestión de los anteriores responsables del departamento fueron el habitual recurso de procedimientos urgentes «sin justificación» para adjudicar contratos y la concesión «irregular» de una licencia de apertura y funcionamiento a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Sobre este caso, Bengoa detalló que el permiso fue concedido por el director territorial de Sanidad de Vizcaya sin que constara «el obligatorio informe y acta de inspección».
Futura auditoría
«La investigación identifica una serie de circunstancias que indican, además de una conculcación del procedimiento administrativo, posibles responsabilidades de otra índole, así como un probable perjuicio económico para el Departamento de Sanidad», concluyó el consejero, sin valorar el papel jugado en este caso por su antecesor Gabriel Inclán -que continúa su proceso de reciclaje en Chile-, ni ahondar en posibles consecuencias penales.
«Nosotros valoramos hechos, hacemos un diagnóstico y le damos un tratamiento, pero no entramos en juicios ni rumores. Lo que existe es un informe con datos de irregularidades y ustedes podrán llegar a sus conclusiones», apuntó. En este sentido, Rafael Bengoa anunció que ha derivado el caso al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que realice «una auditoría exhaustiva» y ha dejado en manos del Parlamento vasco la creación de una comisión de investigación encargada de determinar posibles responsabilidades políticas.
De momento, Sanidad ha abierto un expediente informativo a los tres médicos y ha decidido prescindir desde ayer mismo de los servicios de la UTE encargada del desvío de los pacientes en lista de espera en Vizcaya, una labor que a partir de ahora pasa a gestionar directamente. Bengoa también ha dado instrucciones para que este año no se aplique a Medical Dom la subida prevista del 19%. De cara al año que viene, la consejería abrirá un nuevo concurso para adjudicar el servicio de atención a las urgencias a domicilio.
El PP, que ha pedido la comparencia de Bengoa en el Parlamento, se apresuró a exigir «que se depuren responsabilidad políticas» por este caso. La parlamentaria Laura Garrido apuntó que este asunto no se puede «cerrar en falso», sino que es necesario «llegar hasta el final» con «transparencia absoluta».
