Tras un intenso debate, la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió ayer dar un plazo de 72 horas al Gobierno golpista de Honduras para restablecer el Estado de derecho en el país. De no cumplirse la resolución en el tiempo fijado, Honduras podría ser excluido del organismo. Tras este ultimátum, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, que se aprestaba a retornar hoy mismo a Tegucigalpa, decidió postergar su regreso hasta el sábado. «Ha comenzado la cuenta atrás para mi retorno», advirtió desde Panamá, adonde acudió a la investidura de Ricardo Martinelli.
La OEA exigió el «inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente a sus funciones constitucionales». Horas antes, la ONU se había expresado en los mismos términos, pero ante la resistencia manifestada por los golpistas, el organismo americano agregó la palabra «seguro». Los términos de la resolución fueron debatidos acaloradamente por los representantes de la OEA. Los países aliados de Venezuela (Bolivia, Ecuador y Nicaragua) y Argentina reclamaban una sanción a Honduras sin demora. Pero EE UU, México, Colombia, Costa Rica y Perú propusieron el ultimátum, que fue la medida aprobada finalmente.
Ayer mismo, el depuesto presidente 'destituyó' desde su exilio en Panamá a los embajadores hondureños Roberto Flores, en Estados Unidos, y Ramón Custodio, en Bruselas, «por desleales».
Zelaya había previsto regresar hoy, escoltado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y por colegas latinoamericanos, entre los que figuraban la argentina Cristina Fernández y el ecuatoriano Rafael Correa. Tras el aplazamiento, no se descarta que el depuesto mandatario regrese acompañado únicamente por Insulza y un grupo de cancilleres.
A pesar de la amenaza, el nuevo presidente hondureño, Roberto Micheletti, reiteró que si Zelaya regresa será encarcelado, al tiempo que pidió a los presidentes que se ofrecieron a acompañarle que desistan de hacerlo. «Les quiero decir, con todo respeto a los que intentan venir, que aquí hay un pueblo consolidado con este Gobierno y que por favor no interfieran en asuntos que no les corresponden». Mientras se incrementa la artillería verbal en una crisis que se incendia día a día, fuentes diplomáticas de la región admiten que el plazo otorgado por la OEA propicia un tiempo para la negociación.
Analistas políticos vislumbran que los golpistas pueden aceptar el regreso de Zelaya para completar su mandato. Eso sí, siempre que el expulsado presidente aparcara la controvertida iniciativa de llevar a cabo la consulta popular que detonó el golpe de Estado del pasado domingo. Zelaya iba a realizar una encuesta no vinculante declarada ilegal por los tribunales en la que se pedía a la población que decidiera si al mismo tiempo que las elecciones generales de noviembre se elegían delegados a una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna.
Perdón «como cristiano»
Los opositores al presidente aseguran que lo que Zelaya buscaba era una reforma que le permitiera perpetuarse en el poder. Pero el mandatario declaró ayer que sólo quiere terminar su mandato y entregar el cargo en enero de 2010 a su sucesor, como está previsto en la Constitución. Algunas fuentes señalan que si se permite recuperar la presidencia a Zelaya otorgaría una amnistía a los golpistas. En este sentido ayer adelantó que «como cristiano» les perdonará.
Mientras, Micheletti declaró que su Gobierno «tiene muchos amigos» en Washington que «van a saber comprender la situación» por la que atraviesa su país. Por eso prepara el envío de una delegación de ministros y empresarios a la capital estadounidense que pondría en una incómoda tesitura diplomática a Barack Obama, quien ha asegurado que no reconocerá a otro gobierno que el de Zelaya.
Pero en el Departamento de Estado, su titular, Hillary Clinton, declaró ayer que la crisis en Honduras «todavía es muy fluida» como para calificarla de golpe. Y el influyente 'The Wall Street Journal' sostenía en su editorial que la rebelión militar en Honduras «aunque parezca extraño es democrática», ya que el derrocamiento del presidente se acometió con orden judicial.
Entretanto, en el país centroamericano, una treintena de ministros y secretarios del Gobierno depuesto, muchos desde la clandestinidad, se niegan a reconocer a Micheletti. Y los medios de prensa, nacionales e internacionales, siguen intervenidos. Además, el alcalde de San Pedro Sula denunció que fue destituido tras la caída de Zelaya.