LUCHA ANTITERRORISTA
La sentencia del proceso al aparato logístico de la banda en el año 2004 será dada a conocer hoy
Ilustración del fiscal Christophe Teissier, durante su intervención en un juicio. / AFP
La Fiscalía francesa pidió ayer penas que suman 107 años de prisión para los siete presos de ETA que son juzgados desde hace dos semanas en París por pertenencia al aparato logístico en 2004. La defensa, que tildó la petición fiscal de aplastante, denunció la reciente desaparición en Francia del etarra Jon Anza como el presagio de una «nueva fase de guerra sucia». Está previsto que la sentencia sea dada a conocer hoy mismo tras una deliberación a puerta cerrada.
Al término de una intervención de tres horas y media, el fiscal Christophe Teissier pidió la pena más alta para Iñaki Esparza Luri 'Ana' por considerarlo el jefe logístico y, en esa calidad, miembro del comité ejecutivo de ETA. Le juzgó merecedor de 20 años de prisión, con un cumplimiento íntegro de dos tercios de ese período como mínimo, más una prohibición definitiva de residir en Francia.
Dos años menos, con las mismas penas accesorias, solicitó para Luis Enrique Gárate 'Alicia', Josetxo Zeberio 'Katxarro' e Ibon Elorrieta 'Eneko'. Según su pormenorizado informe, el primero era el responsable del departamento de mecánica en el que se diseña, fabrica y prepara el armamento pesado de ETA, como los morteros artesanos o los obuses de grueso calibre. A su juicio, el segundo era el especialista en explosivos y el tercero ejercía de adjunto en la jefatura logística.
El acusador público reclamó diez años para Jon González 'Mugarra' y ocho para Jon Kepa Preciado 'Kupela' por formar un tándem encargado de proporcionar locales y vehículos al entramado. Además requirió quince años, pero sin el destierro ni el período de cumplimiento íntegro, para Jean Marie Saint Pée 'Lako'.
Este agricultor vascofrancés de 55 años es el propietario del caserío de la localidad de Saint Michel, cercana a la frontera por Navarra, que sirvió desde 1990 como almacén, taller de armamento, fábrica de explosivos y laboratorio de electrónica en etapas sucesivas y a veces simultáneas. Teissier se basó en documentación interna para sostener que de esta vivienda salieron cloratita y amonal por toneladas. También se hallaron restos de un misil tierra-aire disparado en una prueba de fuego real y planes para derribar el avión del Rey, del presidente español o de los ministros de su Gobierno.
Por último, el fiscal pidió cinco años, con una porción no precisada exenta de cumplimiento, para el vascofrancés Diego Ibarra, el único de los ocho procesados que comparece libre. Le acusó de haber facilitado fotos suyas para confeccionar carnés falsos con los que alquilar locales.
Por su parte, la abogada Yolanda Molina planteó que a sus patrocinados «se les presenta como terroristas pero son militantes que luchan por la liberación nacional y social del País Vasco». Tras recordar que hoy, con 740, hay más presos de ETA que al final del franquismo, la defensora comparó el caso de Anza con las desapariciones registradas en lo años 1980 con los GAL.
