01.07.09 -
E l Tribunal de Estrasburgo ha hablado y lo ha hecho para confirmar que la ilegalización de Batasuna no vulnera los acuerdos internacionales de derechos humanos. La Ley de Partidos que creó el marco legal para dejar fuera de la legalidad a una organización connivente con el terrorismo ha recibido el espaldarazo de la corte europea, al igual que los jueces del Tribunal Supremo y los magistrados del Constitucional que en su día determinaron que Batasuna era una organización que no merecía poder utilizar las ventajas del sistema democrático.
La sentencia de Estrasburgo supone el respaldo a la decisión política del Partido Popular y del Partido Socialista de combatir al terrorismo en todos sus frentes impidiendo mediante la Ley de Partidos que ETA y Batasuna siguieran con el doble juego de llevar en una mano el fusil y en la otra las urnas, de mezclar los votos y la balas, disfrutando de los cargos de elección ciudadana al tiempo que mataban a sus adversarios políticos.
El fallo deja en evidencia a los nacionalistas, en particular al ex lehendakari Juan José Ibarretxe, cuyo Gobierno intentó presentar un recurso contra la Ley de Partidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no fue admitido a trámite por falta de legitimación. Pero deja en evidencia también los motivos de fondo por los que se han opuesto a la Ley de Partidos, primero, y a su aplicación más tarde. Ibarretxe se ha cansado de decir en estos últimos años que esa ley suponía la «ilegalización de ideas», que era una norma excepcional vulneradora de derechos humanos. La afirmación de que dejar fuera de la ley a los cómplices políticos del terrorismo era una ilegalización de ideas ha sido el mantra más repetido por los miembros del ex tripartito vasco en los últimos seis años.
El mantra iba acompañado de una segunda parte, según la cual todas las ideas son legítimas, que todas tienen el derecho a ser defendidas y que sólo con las urnas se podía combatir a ETA y Batasuna. Naturalmente que la afirmación de que todas las ideas son legítimas sólo se aplicaba al caso de ETA y su entorno porque ninguno de los que han sostenido tal cosa mantendrá que son legítimas las ideas que defiendan la inferioridad de la mujer, la segregación racial o el nazismo, por citar algunos ejemplos.
¿Reconsiderará ahora el nacionalismo vasco su postura sobre la Ley de Partidos y las ilegalizaciones? Es una buena oportunidad para hacerlo y para sacar lecciones de cara al futuro. La primera de ellas podría ser la de ahorrarse los duros ataques y la deslegitimación que el nacionalismo ha hecho de los tribunales de justicia en todos sus niveles por aplicar la ley. La mejor deslegitimación del terrorismo es la que comienza por legitimar las instituciones democráticas, entre ellas los tribunales españoles que juzgan con la misma vara de medir que sus colegas europeos.
