POLÍTICA
El Ejecutivo temía que una sentencia contra la ilegalización de
Batasuna pusiera en jaque el entramado jurídico antiterrorista'
01.07.09 -
Rubalcaba y el secretario de Seguridad, Antonio Camacho, ayer en San Sebastián con mandos de la Guardia Civil y otras personalidades. / EFE
Satisfacción en público; alivio en privado. El Gobierno y el PP acogieron con una mezcla de ambos sentimientos el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que desestimó el recurso de Batasuna por su ilegalización. Una resolución contraria a las decisiones del Tribunal Supremo y el Constitucional hubiera puesto en jaque el entramado jurídico construido contra el entorno político de ETA y hubiera dejado al pairo las posteriores ilegalizaciones de formaciones y candidaturas afines a Batasuna.
José Luis Rodríguez Zapatero tenía por tanto argumentos para mostrarse satisfecho y orgulloso, ya que las instancias judiciales de Europa han certificado que en España se respetan de forma escrupulosa las garantías jurídicas y que la ley de partidos no vulnera en absoluto la legislación humanitaria.
Si el rechazo al recurso de Batasuna satisfizo en esferas gubernamentales, mayor era el júbilo por el espaldarazo a la ley de partidos, sobre la que pivota buena parte de la estrategia antiterrorista del Gobierno desde 2003. Un revés, además de ser una derrota política en toda regla, hubiera creado un embrollo jurídico de proporciones siderales, puesto que todas las ilegalizaciones quedarían en entredicho. El Ejecutivo conocía este riesgo, y eso explica la inquietud que mostraban algunos de sus miembros en privado.
De ahí que el ministro del Interior incidiera en que Estrasburgo ha dado el visto bueno «definitivo» a la ley de partidos, pactada en exclusiva por socialistas y populares. También permite asegurar, dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya no cabe la posibilidad de que haya «partidos que defiendan la violencia en las instituciones democráticas» y ratifica que la norma «no ilegaliza ideas», en contra de lo que se sostenía desde el nacionalismo o desde la izquierda abertzale. El único límite a las ideas, subrayó el ministro, es «el uso de la violencia», y eso es lo que persigue la ley de partidos.
Legitimidad
Mariano Rajoy no exteriorizó su parecer, pero la dirección del PP se felicitó en un comunicado por la resolución. El partido opositor destacó «la importancia» del fallo porque «da la razón a los demócratas españoles en su lucha por los derechos humanos y las libertades públicas». El portavoz de justicia de los populares, Federico Trillo, subrayó que la sentencia confirma «una vez más que Batasuna es una organización terrorista» no sólo a ojos de los tribunales españoles sino también para los europeos.
El PP aguardaba asimismo con inquietud la decisión de la Corte de Estrasburgo porque los antecedentes -en concreto la resolución contra Turquía por la proscripción del PPK de Kurdistán- no invitaban al optimismo. La inquietud de los populares estaba agravada además porque la ley de partidos fue promulgada bajo el mandato de José María Aznar, y las ilegalizaciones de Batasuna por el Supremo y el Constitucional, también fueron acordadas durante su Gobierno.
