01.07.09 -
Sin perjuicio de lo que se pueda concluir tras un examen más a fondo de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la ilegalización de Batasuna, como primera e innegable consecuencia es preciso destacar que la resolución dictada por los magistrados de la Sala representa un espaldarazo a las posiciones defendidas por socialistas y populares respecto de la legitimidad democrática de la Ley de Partidos Políticos y de la aplicación que de ella hicieron los tribunales internos en el caso de HB, EH y Batasuna. La decisión de la Corte de Estrasburgo confirma las resoluciones dictadas en la instancia interna, Supremo y Constitucional, y afirma que en la causa enjuiciada no se ha producido violación de los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo establece, ahora ya con carácter firme y definitivo, la 'verdad judicial' sobre la materia en cuestión y, por consiguiente, la única verdad relevante a la hora de causar efectos jurídicos en materia de los derechos fundamentales sometidos a examen. Se podrá discrepar de la sentencia, pero una vez finalizado todo el recorrido legalmente posible de las instancias judiciales, tanto de la jurisdicción interna como externa, parece obvio que quienes ejerzan la oposición política a la Ley de Partidos y a la aplicación de la misma no van a poder ignorar este hecho, como si no se hubiera producido, y por consiguiente quedan obligados desde ya a adecuar y revisar sus posiciones y su estrategia respecto de la citada ley.
No sirve en este caso el formalismo ritual que a menudo se utiliza ante las resoluciones judiciales consistente en declaraciones retóricas como la siguiente: «estamos en desacuerdo con la sentencia, pero respetamos la decisión del tribunal». Se esté de acuerdo o no, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de una parte, legitima las posiciones del PSOE y del PP, y, de otra parte, vacía de contenido la crítica expresada por el conjunto del nacionalismo respecto de la 'razón política de Estado' como auténtico móvil de las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales nacionales en contraposición a la posición más objetiva e imparcial del tribunal europeo.
La izquierda abertzale ilegalizada es la mayor afectada por la sentencia en tanto en cuanto representa un auténtico jarro de agua fría para todas las esperanzas que tenían puestas en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esperaban una sentencia estimatoria de la demanda, aunque fuera parcial, como broche de oro de su estrategia de resistencia de carácter inmovilista frente al proceso continuado y permanente de las ilegalizaciones producidas desde el 2003. Era su carta principal y a ella habían supeditado otras estrategias y otros movimientos.
Ante la nueva situación creada es obvio que esta izquierda abertzale deberá plantearse otras estrategias más eficaces, utilizando un término de moda en ese mundo, para ganar la legalidad. La sentencia ha dejado la pelota de la legalización en el tejado de la propia izquierda abertzale y no en el del Gobierno. Pero también el nacionalismo democrático, especialmente el PNV, deberá revisar su discurso y adaptar su estrategia a la nueva situación. En lugar de insistir en su crítica a la Ley de Partidos y al impulso político sobre los tribunales, deberá dirigir sus exigencias y sus críticas a la izquierda abertzale tradicional en tanto en cuanto depende de ella fundamentalmente dar los pasos definitivos para ganar o recuperar la legalidad.
