MUNDO
El depuesto presidente anuncia que mañana volverá a Tegucigalpa y
su sucesor le advierte de que si lo hace será detenido y encarcelado
01.07.09 -
Jóvenes hondureños opuestos al nuevo Gobierno se enfrentan con palos y piedras a las fuerzas del orden que se protegen con escudos. / AFP
A pesar de la unánime condena internacional del golpe de Estado, el gobernante 'de facto' de Honduras, Roberto Micheletti, advirtió ayer de que si el presidente constitucional Manuel Zelaya, destituido el domingo, vuelve al país, será inmediatamente arrestado. «Los tribunales de justicia tienen orden de captura en su contra porque ha incumplido la ley», desafió el mandatario designado por el Congreso.
Micheletti respondió así a la decisión de Zelaya de regresar mañana a Honduras y reasumir el gobierno del que fue despojado por las Fuerzas Armadas. Irá acompañado del presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel d'Escoto; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; y otros mandatarios de la región, entre ellos la presidenta argentina, Cristina Fernández, que se ofreció a acudir en solidaridad con el líder depuesto, y su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa.
«Con mucho gusto le voy a acompañar», anunció Insulza. Para el chileno que lidera la organización de países del hemisferio, el presidente hondureño fue derrocado «por un golpe de Estado a la antigua» y advirtió de que «sin reconocimiento legal, sin recursos, sin posibilidad de acudir a organismos internacionales de crédito, sin ser admitido en ninguna organización internacional y sin relación con ningún país, la dictadura no es capaz de sostenerse».
Pero las autoridades ilegítimas no se dan por aludidas. Por el contrario, se manifiestan convencidas de que la ley está de su lado. El canciller nombrado por Micheletti, Enrique Ortez, prometió que a la misión de la OEA la recibirán con los brazos abiertos y le demostrarán que el nuevo Gobierno «respeta la ley, y que lo único que hizo fue separar a un presidente por violar sistemáticamente la Constitución». También avisó de que el mandatario destituido «no tiene vedado el retorno», pero será tratado «como un ciudadano común», le desafió. Los delitos que se le imputan podrían acarrearle hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía General.
A favor y en contra
Mientras tanto, miles de personas se manifestaban en las calles de Tegucigalpa a favor y en contra del presidente derrocado. Diversos medios de comunicación, principalmente emisoras de radio y televisión, fueron intervenidos por fuerzas militares y su programación fue censurada. Además, los sindicatos de trabajadores llevan a cabo una huelga general desde el lunes. Ese mismo día, fuerzas de seguridad intentaron repeler a activistas armados con palos y piedras que exigían el regreso de Zelaya y contra Micheletti. La manifestación, que terminó con centenares de heridos y detenidos, fue reprimida con gases lacrimógenos y disparos.
Ayer, los militares bloquearon el acceso a la capital a más de 180 autobuses que llegaban con activistas dispuestos a defender al depuesto presidente. «La movilización crece a pesar de la represión», declaró el titular de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Honduras, Luther Castillo. En tanto, Amnistía Internacional pidió a los agentes del orden que se abstengan de usar una fuerza excesiva contra los manifestantes «que expresan su opinión pacíficamente». Otra marcha, más ordenada y sin vigilancia militar, ocupó las calles con partidarios del mandatario provisional. Con pancartas que expresaban su rechazo a Zelaya y a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, los manifestantes exigían que el depuesto dirigente se abstenga de regresar al país.
La crisis en Honduras se desató hace una semana, cuando Zelaya desoyó una declaración de ilegalidad de los tribunales y convocó una consulta no vinculante que iba a celebrarse el pasado domingo. La encuesta era para saber si los hondureños aceptaban llamar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna y permitir la reelección presidencial. Ayer, el depuesto presidente aseguró que seguirá adelante con su intento de cambiar la Constitución, al tiempo que negó que él se vaya a beneficiar de la reforma. Su pretensión, explicó, es concluir el mandato el 27 de enero próximo, como estaba previsto, y reanudar su vida de empresario agrícola.
Zelaya manifestó asimismo su confianza en que los militares, los mismos que irrumpieron de madrugada en su residencia y se lo llevaron detenido a punta de fusil, «van a rectificar».
