27.06.09 -
Semanas atrás, Fernández de la Vega hacía un gesto expresivo: las manos a modo de balanza, con los platillos equilibrados como muestra de la reñida correlación de fuerzas que se enfrentaban en el seno del Gabinete sobre el futuro de Garoña. Las tesis defendidas hasta última hora por el titular de Industria, Miguel Sebastián, partidario de extender la licencia operativa hasta 2019, han sido derrotadas. El aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a una década más de actividad le dio una baza que, a la postre, no ha sido suficiente.
«Parece que a Sebastián le han torcido la mano», opina Luis González, de Ecologistas en Acción. El movimiento ecologista considera al ministro el abanderado de la energía atómica dentro de un Gobierno cuyo presidente se declara abiertamente antinuclear.
El sector nuclear ha hecho de Garoña la primera trinchera. El pulso es aún tan intenso porque la decisión de cerrarla a los 40 años de vida útil sienta un precedente. En 2010, el Gobierno tendrá que decidir sobre la renovación por una década de los permisos de explotación de los dos reactores de Almaraz (Cáceres), y en 2011 de los dos de Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). En teoría, el Ejecutivo dará luz verde a todos ellos al tratarse de centrales mucho más jóvenes que Garoña. Las primeras no llegarán a la edad crítica de 40 años hasta 2021.
El director general de Nuclenor, Martín Regaño, lamentaba ayer que Garoña vive una situación «incomprensible, casi insólita», porque desde hace diez años se trabaja en la renovación y la preparación de informes, «y hoy, a ocho días de que finalice el permiso», la central se encuentra «en una situación de espera e incertidumbre».
