SOCIEDAD
Zapatero anunciará la decisión en el próximo Consejo de Ministros y la acompañará de un plan de desarrollo industrial y económico para la zona
Trabajadores de la central se manifestaron ayer ante el palacio de La Moncloa. / EFE
Garoña, dos años y punto final. La decisión se hará oficial en el Consejo de Ministros del próximo viernes, al filo de la fecha límite -dos días después, el domingo, expira la licencia operativa de la central-, pero la margarita ya ha sido deshojada. La central burgalesa, decana del parque nuclear español, echará el cierre en 2011, año en que cumplirá los 40 de vida útil para los que fue diseñada y el horizonte con el cual echó a andar en 1971. A falta sólo del anuncio público, el Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, se ha decantado por la prórroga mínima, dos años en lugar de los diez solicitados por Nuclenor, la empresa propietaria participada al 50% por Iberdrola y Endesa. Un completo plan industrial y económico para el norte de Burgos acompañará la decisión de cierre.
En la rueda de prensa de cada viernes, la vicepresidenta primera Teresa Fernández de la Vega se ciñó ayer al guión. El futuro de Garoña se decidirá con criterios «de seguridad, viabilidad y atendiendo -dijo- a los compromisos electorales de un nuevo modelo de crecimiento y las necesidades energéticas». Luego, en corrillos con los informadores acreditados en La Moncloa, la 'número dos' del Ejecutivo fue más explícita y despejó las pocas dudas que quedaban respecto a la parada del reactor burgalés en 2011. Fernández de la Vega pidió a los trabajadores afectados -la plantilla de la central y los empleos indirectos que de ella dependen, un millar en total- que «estén tranquilos». «Sea cual sea la decisión, siempre se velará por sus intereses y en ningún caso quedarán desprotegidos», añadió.
Mientras, en el exterior del recinto de La Moncloa, unos 400 trabajadores de Garoña y otras plantas nucleares exigían mantener operativa la central hasta 2019. Los concentrados corearon consignas como «Garoña es segura», «Garoña crea más empleo que Zapatero» o «Zapatero, escucha al CSN» y entregaron una carta con sus reivindicaciones. «Le hemos transmitido que, hoy por hoy, en España no se puede prescindir de la energía nuclear, Garoña tiene que seguir funcionando hasta 2019», afirmó Cristina Herrero, del comité de empresa.
Planes industriales
El anuncio de prórroga mínima para Garoña llevará como contrapartida un compromiso de inversiones y planes de desarrollo para el Valle de Tobalina y comarcas aledañas, con especial énfasis en «la zona de Miranda de Ebro», asegura Óscar López, líder de los socialistas de Castilla y León e interlocutor directo del presidente en este asunto.
Las inversiones incidirán en el sector industrial, turismo rural, cultura y medio ambiente. Su finalidad, abrir nuevos cauces de actividad económica y taponar la pérdida de los empleos de Garoña a largo plazo, porque la central aún proporcionará trabajo durante años: los dos de funcionamiento, más el prolongado proceso de desmantelamiento. Se tarda casi una década en apagar, desmontar y descontaminar un recinto atómico.
«Garoña representa pan para hoy y hambre para mañana, diez años como máximo, mientras que la alternativa que planteará el Gobierno es un puente de empleo para muchas generaciones», insiste López.
La central dispone de combustible hasta 2011, después de realizar una última recarga de uranio en marzo pasado. La prórroga de dos años amortiza ese gasto realizado por Nuclenor, pero es, sobre todo, una solución de compromiso que permite al Gobierno socialista mantener su ideario electoral y la promesa de apagar los ocho reactores nucleares españoles «de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil» y siempre «con garantía» para el suministro eléctrico.
