POLÍTICA
Devuelve al Tribunal Superior de Madrid el resto del 'caso
Gürtel', salvo lo que afecta a Bárcenas y al diputado Merino
25.06.09 -
Luis Bárcenas. / EFE
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenó ayer al magistrado Francisco Monterde Ferrer que investigue si el senador del PP Luis Bárcenas, tesorero del partido, y el diputado también popular Jesús Merino Delgado, coordinador de comisiones de su grupo parlamentario, pudieron cometer delitos como fraude fiscal o cohecho en sus relaciones con la trama empresarial que encabezó Francisco Correa, hoy en prisión. Tras estudiar la exposición motivada que la pasada semana elevó el juez de Madrid Antonio Pedreira, el alto tribunal concluye que hay «suficientes» indicios para investigar a los dos parlamentarios.
Eso es todo lo que, por el momento, está dispuesto a hacer el Supremo en el 'caso Gürtel'. La sala de admisión, por decisión unánime de sus cinco miembros, acordó devolver al Tribunal Superior de Madrid el grueso de la investigación de la trama corrupta. Y ello a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción primero, el magistrado Antonio Pedreira después, y por fin la Fiscalía del Supremo defendieron la necesidad de mantener unida la investigación de unos hechos que responden a un mismo entramado delictivo.
El alto tribunal, escarmentado por su experiencia a principios de la pasada década con el 'caso Filesa' de financiación ilegal del PSOE, evita así enfrentarse al sumario que el juez Baltasar Garzón comenzó a instruir hace ya un año, y que ocupa cerca de 21.000 folios. Sí recibirá cualquier nuevo indicio contra Bárcenas y Merino que encuentre el juez Pedreira, o cualquier dato que permita sospechar la posible implicación de ambos en hechos distintos a los de cohecho y fraude fiscal.
Testigos y documentos
La Fiscalía Anticorrupción considera que Jesús Merino pudo incurrir en un delito de cohecho impropio al aceptar al menos 220.000 euros procedente de la trama corrupta. El Supremo recuerda que los indicios son la documentación intervenida en los registros que ordenó el juez Baltasar Garzón y un soporte informático que recoge la contabilidad oculta o 'B' del grupo de empresas de Correa, en la que el diputado del PP aparece mencionado con su nombre y primer apellido, identificado mediante las iniciales J. M. o señalado por testigos que le identifican como el receptor del dinero. El Supremo cree que, además, hay que investigar si cometió un delito fiscal al ocultar esos ingresos.
El juez Pedreira también puso en solfa la actuación de una serie de empresas propiedad de Merino o por él gestionadas, de las que sospechó su implicación en prácticas de blanqueo de dinero. Pero el Supremo no encuentra sustento a esa sospecha y recuerda que la Agencia Tributaria destaca la normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En cuanto al senador Bárcenas, la Fiscalía Anticorrupción detectó que cuadriplicó su patrimonio entre 1997 y 2004, años en los que pudo recibir hasta 16 pagos diferentes por un valor, según Garzón, de al menos 1.353.000 euros. Como en el caso de Merino, el Supremo cree que la documentación incautada en las empresas de la 'trama Gürtel' permite sospechar que el tesorero del PP percibió esas cantidades y otras prebendas, como viajes turísticos, porque en los extractos contables aparece identificado por su nombre, con iniciales que corresponden a las de su nombre y mediante la expresión «Luis el cabrón», así como porque hay en la causa «declaraciones personales que le identifican como receptor de las cantidades económicas procedentes del denominado grupo Correa».
En su estudio de la investigación realizada por el juez Pedreira, el Supremo levanta las sospechas sobre algunos aspectos, como la actividad de la empresa Astrogalo, que compartieron Bárcenas y Merino, o la nota manuscrita que parece sugerir que el tesorero del PP participó con Correa en una operación mediante la cual una opción de compra de un terreno para 16 viviendas en Majadahonda, valorado en 750.000 euros, se transformó en una venta de 4,2 millones en seis meses. El alto tribunal no ha encontrado nada en la causa que justifique investigar esos dos supuestos.
Fijado así el campo de actuación del Supremo en el 'caso Gürtel', la sala ordena al magistrado Francisco Monterde Ferrer que abra la investigación sobre las finanzas de los dos aforados populares. Miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Monterde Ferrer fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP entre 1996 y 2001, y lleva 25 años sin instruir un proceso penal. Defensor de la cadena perpetua revisable en determinados casos, hace un mes formó parte de la sala que admitió a trámite una querella por prevaricación contra Baltasar Garzón.
Con mucha probabilidad, su primera iniciativa será solicitar al Congreso y al Senado el suplicatorio de los dos aforados del PP para poder interrogarles como imputados, lo que mantendrá la causa empantanada varios meses. Esa puede ser una de las razones por las que la sala ha dejado la inmensa mayoría de la investigación en manos del juez Pedreira. Este magistrado ordenó ayer a la Policía Judicial acelerar las pesquisas sobre la trama corrupta en ayuntamientos madrileños. En concreto, los consistorios de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón fueron registrados en busca de los contratos que favorecieron a nueve empresas de la red de Correa.
